La Guardia Civil pide al juez imputar a la exconsejera Lucía Figar por Púnica

Demoledor informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Lucía Figar y su relación con la trama Púnica. La exconsejera, que ya dimitió en su día por sus vínculos con la red que dirigía Francisco Granados, usó dinero público para mejorar su imagen y desprestigiar a adversarios políticos. La UCO, por esos hecho, pide al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que la impute por los delitos de fraude en contratación pública, malversación y tráfico de influencias.

En su informe -de 282 páginas, fechado el pasado 9 de septiembre y al que ha tenido acceso este periódico- la UCO afirma que textualmente que Figar habría hecho uso de los servicios reputaciones que prestaban las empresa de Alejandro de Pedro (el gran muñidor de Púnica) para promocionar su figura personal y política en internet y para desprestigiar otras opciones políticas empleando fondos públicos de su consejería.

La exconsejera se habría concertado con el empresario Alejandro de Pedro para que este fuera el beneficiario de la adjudicación reiterada de contratos públicos, afirman los investigadores, que apuntan además que los informes que hacía la empresa de De Pedro no eran más que corta y pega de otros documentos y que se repetían continuamente.