Derecho a la información

Inhabilitar a un periodista por contar la verdad resulta difícilmente explicable en una sociedad democrática. Y esa parece ser la pretensión de un político que debiera estar dando explicaciones por la noticia que conocimos gracias a la investigación del redactor, Marcos Moro, y al apoyo profesional de Íñigo Noriega, el director, en ese momento, de EL COMERCIO.

Cuando una información llega al periodista, su obligación, si la considera relevante y de interés público, es difundirla.

La prensa desarrolla ese derecho del ciudadano a recibir información libre y veraz que recoge el artículo 20 de la Constitución.

Lamento especialmente que se trate de un político quien interfiera en un derecho por cuyo cumplimiento debe velar.

El periodista, sin duda, está obligado a actuar con responsabilidad, y, en este caso, la veracidad quedó demostrada. Desvelar datos bajo secreto de sumario depende del control de los jueces, no de los periodistas, que solo, y nada menos, se deben a una actuación rigurosa y ética.

El periodismo fue protagonista en la transición democrática de este país, pero, en la actualidad, ha conseguido sacar a la luz constantes casos de corrupción e injusticias. Y en momentos difíciles para la prensa por los efectos de la crisis y la transformación tecnológica.

Gracias a periodistas profesionales y valientes, con vocación de hierro, se han destapado escándalos como el Watergate, pero, también, la cacería política a periodistas como Dan Rather y Mary Mapes salvó a un presidente norteamericano de la verdad. La película se titula Truth.