La fiscal mantiene la petición de 44 años de cárcel para los anarquistas del atentado del Pilar

La fiscal ha mantenido su petición inicial de que se condene a 44 años de prisión al matrimonio de anarquistas chileno acusado del atentado cometido el 2 de octubre de 2013 en la Basílica del Pilar de Zaragoza y por preparar otro en el Monasterio de Montserrat de Barcelona.

En la última sesión del juicio celebrado en la Audiencia Nacional, la representante del Ministerio Público acusa a Francisco Javier Solar Domínguez y a Mónica Andrea Caballero Sepúlveda de pertenencia a organización terrorista como integrantes del Comando Insurreccionalista Mateo Morral, integrado en los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), los equivalentes en España de la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI).

También les atribuye los de lesiones a una mujer que estaba en la Basílica del Pilar en el momento de la explosión de la bomba, estragos y conspiración para cometer este mismo delito en el Monasterio de Montserrat.

Ocho años de libertad vigilada

Además de las penas de cárcel la fiscal ha solicitado que sean condenados a libertad vigilada durante ocho años una vez cumplida la condena y a la privación de residir en Zaragoza y en Barcelona y de aproximarse a la víctima del atentado por un tiempo de diez años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Asimismo a que indemnicen a la mujer que resultó herida en 3.000 euros por las lesiones que sufrió, en oído y mandíbula, y en otros 12.000 por las secuelas, de pérdida de audición y dolores, y al Cabildo de Zaragoza en 182.601 euros por los daños en la basílica.

El abogado de la acusación particular ejercida por la mujer herida, que inicialmente pedía la misma pena que la fiscal, ha rebajado hoy su solicitud a doce años de prisión al considerar que no está probada la pertenencia a organización terrorista de los acusados ni que su visita a Montserrat fuera para preparar un atentado.

Además ha reclamado indemnizaciones a la afectada de 4.775 euros por la incapacidad parcial que sufre y 18.000 por las secuelas y que se imponga a los acusados, una vez que cumplan la pena de prisión, siete años y medio de libertad vigilada y prohibición de residir en Zaragoza u otra ciudad en que pueda residir la víctima y a aproximarse o comunicar con ella durante diez años.

Las defensas de los acusados, que han negado todas las acusaciones, han solicitado su absolución.