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Andrés Suárez
Domingo, 6 de marzo 2016, 08:24
Las direcciones de los dos grandes partidos asturianos, PSOE y PP, asisten con preocupación al devenir de los episodios de corrupción que de una u otra manera les salpican y temen por el desgaste político y electoral que conlleva este tipo de escándalos. Las nuevas revelaciones sobre el caso Villa han reavivado la inquietud de los responsables de la Federación Socialista Asturiana, que creían temporalmente dormido este asunto y han recibido como una punzada de dolor los informes de la Guardia Civil que acreditan los manejos económicos del histórico líder minero y todopoderoso mandamás del partido. En cuanto al PP, la estrategia de la presidenta, Mercedes Fernández, de poner el foco sobre los anteriores gestores de la organización en el contexto de la trama del agua ha soliviantado, y mucho, a la vieja guardia popular, pero también a numerosas juntas locales en un clima de descontento que se ha extendido hasta la sede nacional de la calle Génova.
No fueron pocos los cargos populares que en privado reaccionaron con asombro al conocer que Fernández, en su declaración ante la juez de Lugo que investiga el caso Pokemon, había apuntado a la existencia de un descontrol en las finanzas del PP asturiano «una situación caótica», dijo textualmente antes de su llegada, en los tiempos de Ovidio Sánchez. «Es intolerable que lance piedras contra el tejado del partido para protegerse a sí misma», razona, visiblemente molesto, un dirigente popular con muchas horas de vuelo.
En los órganos internos fue el ex secretario general y ahora senador Fernando Goñi quien alzó la voz para cuestionar la actitud de la presidenta en una intervención, confiesan algunos de los presentes, no exenta de tensión. En privado, el sentimiento entre quienes llevan muchos años en las filas populares es de indignación. Abundan los que piensan que la número uno del partido optó por distraer así la atención de los asuntos que le afectarían de forma más directa, como que la juez Pilar de Lara le preguntase por el hecho de que su hermano trabajase en la empresa que es objeto de la investigación, Aquagest. «Una cortina de humo de manual», añade un veterano militante.
Es un hecho constatable que esa intervención de Fernández en Lugo ha enrarecido el ambiente interno. Los fieles a la presidenta justifican su intervención con el argumento de que «hizo lo que tenía que hacer» pero el malestar que sus palabras han provocado en amplias capas de la formación es agudo. Tanto en los históricos que se han sentido señalados, ya fueran cargos con responsabilidades en el partido o en las instituciones en aquella etapa o simples militantes comprometidos con el proyecto, como en sectores que se mueven sin una adscripción clara ni son afines a la presidenta ni tampoco críticos claros pero que consideran que poner en tela de juicio al PP desde dentro no hace ningún favor a las aspiraciones presentes y futuras.
La polémica da carrete a quienes cuestionan la política que Fernández ha trazado desde la presidencia. Coincide la tramitación judicial del caso Podemos con el debate de investidura en el Congreso y no son pocos los populares que se sienten traicionados al ver a Isidro Martínez Oblanca, de Foro, ocupando uno de los escaños que en teoría corresponderían al Partido Popular. Hay quien piensa que la operación con el partido de Francisco Álvarez-Cascos se ha hecho dando un trato de favor a gente que en su momento dio un portazo al PP, relegando a quienes durante los tiempos más duros de fractura en la derecha se mantuvieron fieles al proyecto. «Y ahí tenemos a Oblanca, el único que habla de Asturias en el debate, mientras a los nuestros ni se les oye», lamenta un cargo municipal.
El descontento se extiende a juntas locales la relación de la dirección regional con Oviedo y Avilés da para poco y ha llegado a algunos pisos de la calle Génova. Un escenario en teoría proclive para los adversarios del PP, uno de ellos el PSOE, pero tampoco en las filas socialistas la cosa está para tirar cohetes. El recrudecimiento del caso Villa ha dado fuelle a un escándalo que amenaza con ir a más. Y aunque el partido se esfuerce por desmarcarse del antaño todopoderoso líder del SOMA, se asume que el desgaste es inevitable. Hay un flanco abierto por el que el adversario está dispuesto a entrar. Quizá no el PP, que esta semana ha guardado silencio, enfrascado en sus problemas. Pero sí Podemos, Ciudadanos o Foro, que no han dudado en pedir explicaciones a la cúpula de la FSA y, en algunos casos, directamente a Javier Fernández.
Hay en el PSOE una sensación de hastío con este asunto. «Le expulsamos el primer día. Hemos dado todo tipo de explicaciones. ¿Qué más tenemos que hacer?», confiesa con un punto de amargura un dirigente socialista que admite que no se sabe lo que puede salir de la investigación y que las consecuencias son, a día de hoy, imprevisibles.
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