Mercedes Fernández declara que, sólo con Igrafo, el PP tenía una deuda de 83.000 euros

La investigación del 'caso Pokemon' ya había provocado todo un terremoto en el seno del PP asturiano, una vez que trascendió que la supuesta trama de favores a cargos políticos urdida por la empresa Aquagest salpicaba de lleno a la formación: cinco dirigentes y exdirigentes están imputados en el caso por distintos delitos como cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales. Pero esta semana, con la declaración en los juzgados de Lugo, en calidad de testigo, de la máxima dirigente de la organización, el partido ha recibido una nueva sacudida.

Mercedes Fernández, que cuando se cometieron la mayor parte de los presuntos delitos no era aún presidenta de la formación, afirmó ante la jueza asturiana Pilar de Lara que la situación «financiera y de gestión» del partido cuando ella accedió al cargo, en febrero de 2012, era «caótica». Llegó incluso a manifestar que había numerosas facturas impagadas por cantidades importantes, algunas de ellas «dudosas», a las que tuvo que hacer frente para evitar pleitos hasta conseguir, dijo, sanear totalmente las cuentas.

Mostró incluso, a modo de ejemplo, lo que ella misma denominó 'expediente Igrafo'. Una deuda de más de 83.000 euros contraída en 1995 con la firma de papelería y mobiliario de oficina vinculada al 'caso Renedo', que el Juzgado de lo Mercantil reclamó al partido meses después de que, en marzo de 2011, entrase en concurso de acreedores. La dirigente popular reconoció, según informaron fuentes judiciales, que la deuda estaba totalmente acreditada y que, por lo tanto, ordenó su pago para evitar pleitos. Pero ése era sólo un ejemplo y, aunque se dispuesto a dar a conocer otro, al que se refirió como 'expediente autobuses', la jueza la interrumpió al entender que no procedía dar cuenta caso por caso de todas las facturas.

El 'expediente Igrafo', de hecho, lo mencionó ella misma al final del interrogatorio, en respuesta a una pregunta formulada por los abogados del Observatorio Ciudadano Anticorrupción (Ocan), que se interesaron por conocer el origen de las «numerosas facturas sin pagar» a las que había hecho mención previamente. Mercedes Fernández había aludido a la mala situación financiera del partido cuando se le cuestionó por el pago de la factura de 25.000 euros emitida por la empresa ASAC Comunicaciones por la confección de la página web de la campaña electoral de Isabel Pérez-Espinosa, en 2011. Una cifra que el considerado 'conseguidor' de la trama en Asturias, el entonces vicesecretario de Comunicación del partido, Joaquín Fernández, admite en conversaciones telefónicas intervenidas que era desorbitada porque la página no costaba «ni 3.000 euros». La dirigente del PP también reconoció que la factura no estaba ajustada a la realidad, pero explicó que ordenó llegar a un acuerdo con la empresa para evitar pleitos que, según los servicios jurídicos del partido, podrían perderse ya que existen correos electrónicos en los que queda acreditado que varias personas del partido aceptaron las condiciones económicas impuestas por la empresa. A raíz de estas declaraciones, Manos Limpias baraja solicitar que se llame a declarar como testigos a Isabel Pérez-Espinosa y Fernando Goñi, a quien Joaquín Fernández responsabiliza de la decisión de contratar la página web.

La líder popular negó, a preguntas de la jueza, que en la actualidad el PP asturiano mantenga relación alguna con esa firma y reconoció que, pese a aquel episodio, no pidió responsabilidades por lo ocurrido. También negó que, durante su etapa como presidenta, alguien le hubiera propuesto «inflar facturas» o que el partido recibiera donaciones de empresas. «Y de particulares, pocas», puntualizó.

En la misma línea contestó en relación al contrato laboral de su hermano en Aquagest, que desveló que había logrado gracias a Joaquín Aréstegui. La también diputada reconoció que había solicitado ayuda a su entorno, pero negó que supiera cómo había sido el proceso de selección y hasta qué punto el expresidente del PP de Avilés pudo mediar para conseguirlo. Eso sí, insistió, nadie le pidió nunca nada a cambio.

Vinculación con Aquagest

En el interrogatorio, que se prolongó durante dos horas, se desvinculó totalmente de la supuesta trama de favores perpetrada por Aquagest en Asturias, llegando incluso a afirmar que no conocía Agbar (grupo empresarial al que pertenece Aquagest) y que su relación con los dirigentes y exdirigentes del PP imputados -Joaquín Fernández, Agustín Iglesias Caunedo, Joaquín Aréstegui y su mujer Carmen Vega y Manuel Pecharromán- era casi nula en lo personal, y escasa en lo profesional. Y, cuestionada por la defensa de Manuel Pecharromán, exconcejal del PP en Gijón, sobre la capacidad de su cliente para poder favorecer a la empresa investigada, Mercedes Fernández sorprendió a la sala diciendo que, aunque quizá no tenía potestad para influir en las decisiones de gobierno, su voto había sido decisivo para investir a la actual alcaldesa, Carmen Moriyón, y que había actuado en contra de las directrices del partido.