«Había dinero de sobra en las cuentas del PP de Asturias»

Las manifestaciones realizadas por Mercedes Fernández sobre la situación financiera «caótica» con la que, dijo, se encontró cuando accedió a la presidencia del PP de Asturias, no han sido recibidas del todo bien por la antigua dirección del partido. Fuentes acreditadas aseguran que, si bien es cierto que existían facturas pendientes de pago, cuando Mercedes Fernández llegó al cargo, «había dinero de sobra en el partido». No entienden estas fuentes por qué motivo la también diputada realiza esas declaraciones en el marco de la investigación del 'caso Pokemon', aunque sí hay quien se atreve a afirmar que se trata de una manera de desviar la atención sobre el contrato que, según su propia declaración, Joaquín Aréstegui, expresidente del PP de Avilés e imputado en la trama, consiguió a su hermano en la empresa Aquagest.

Isabel Pérez-Espinosa, que se ha visto directamente salpicada por esta trama a raíz de la cuestionada contratación de una web para su campaña electoral, prefiere no entrar en estos debates y se limita a mostrar su apoyo a la actual presidenta del PP por su colaboración con la justicia. Asegura, de hecho, que desconoce la contabilidad del partido porque «ni fui presidenta del partido, ni tesorera, ni tuve ningún cargo relacionado con los asuntos económicos del partido, sólo fui candidata», por lo que, mantiene, nunca vio «ni un papel».

Dimisión de Caunedo

Sobre la declaración de Mercedes Fernández también se pronunció ayer el Observatorio Ciudadano Anticorrupción (Ocan). La plataforma entiende que las respuestas de la presidenta del PP de Asturias fueron «elusivas y genéricas», y la emplaza a asumir «responsabilidades políticas» y a exigir la dimisión inmediata del ex alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo. El Observatorio calificó de «sorprendente» la declaración del interventor del Ayuntamiento de Oviedo, José Luis González, en la que exculpa al ahora concejal del PP de toda responsabilidad en la devolución del aval de 400.000 euros al grupo Agbar, al que pertenece Aquagest. Ocan dice que el interventor sigue sin aclarar qué cambió para que, tras realizar en diciembre de 2008 un informe por el que consideraba que la UTE no cumplía las mejoras que formaban parte del objeto en el contrato con el consistorio, seis meses después considerase conveniente una transacción en virtud de un desistimiento de la empresa al recurso contra una sentencia favorable al Ayuntamiento.

Además, inciden en que el interventor no tiene las competencias para llegar a un acuerdo con la UTE acerca de una transacción que afectaba a los caudales públicos «y cuya competencia corresponde al alcalde o a la junta de gobierno». Manos Limpias sopesa pedir una investigación.