Mercedes Fernández desvela que su hermano trabajó en Aquagest gracias a Joaquín Aréstegui

Mercedes Fernández contestó ayer una a una a la batería de preguntas que, la titular del juzgado de Lugo que instruye el 'caso Pokemon', le formuló para tratar de esclarecer su relación con Aquagest, la empresa que presuntamente pagó favores a cargos políticos a cambio de contratos, así como con el denominado 'conseguidor' de la trama en el Principado, el exvicesecretario de Comunicación del PP, Joaquín Fernández, y el resto de los imputados por la derivada asturiana: Agustín Iglesias Caunedo, Joaquín Aréstegui, Carmen Vega y Manuel Pecharromán. Todos ellos dirigentes y exdirigentes de su partido.

La líder popular, que declaraba en calidad de testigo y llegó a la sede judicial portando numerosa documentación, dio explicaciones durante dos horas sobre las tres cuestiones por las que su nombre aparece recogido en el sumario del caso, pese a que cuando se cometieron la mayor parte de los presuntos delitos no era presidenta del PP, sino síndica. La más controvertida, quizá, la referida a la relación laboral que su hermano mantuvo de forma puntual con la empresa Aquagest y que, a tenor de las conversaciones intervenidas a Joaquín Fernández, podría interpretarse que fue fruto de unas gestiones que él mismo habría urdido con el objeto de buscar contratos en favor de la empresa para la que trabajaba.

La presidenta del PP asturiano negó ayer tajantemente este extremo, aunque sí admitió que durante una etapa en la que su hermano «lo estaba pasando mal» preguntó en su entorno si alguien tenía conocimiento de alguna oferta laboral que pudiera aliviar su situación, según confirmaron varios de los letrados que siguieron el interrogatorio, puesto que ella rehusó hablar del contenido de la declaración. Tras aquella consulta «a varias personas», indicó, fue Joaquín Aréstegui, expresidente del PP de Avilés e imputado en el proceso, el que se puso en contacto con ella para informarla de que existía una plaza vacante en la empresa Aquagest. El hermano, según confirmaron en su día fuentes del propio partido, trabajó en la empresa ahora investigada de forma puntual, como abogado, cubriendo un permiso de maternidad en el departamento jurídico. «Mercedes Fernández explicó en su declaración que cuando su hermano se quedó en el paro contactó con varias personas para buscarle un trabajo y que fue Aréstegui quien le ayudó», explicó ayer Luis Arias, abogado del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias. A preguntas de la jueza, que fue incisiva en el interrogatorio, negó que hubiera habido por su parte ningún tipo de contraprestación al respecto y también que Joaquín Fernández hubiera mediado en este asunto.

De la misma manera que negó que, pese a que así se recoge en varias de las conversaciones telefónicas intervenidas, hubiera negociado con Joaquín Fernández, al menos en los términos en los que éste asegura, la contratación de una 'newsletter' (boletín de noticias) para el partido. El también llamado 'abrelatas' comentó en sus conversaciones privadas que había mantenido un encuentro con la presidenta del PP para la contratación de este servicio y que ésta le había comunicado que, para poder llevar a cabo el proyecto, necesitaba que le emitiese facturas a cargo del grupo parlamentario del PP en la Junta, puesto que en el partido no había fondos. «Donde no tiene dinero debe ser en la sede, pero en la Junta General, con cincuenta y pico mil euros al mes, le debe sobrar», llegó a decir Joaquín Fernández a Carmen Rodríguez Maniega en una de las llamadas intervenidas. Mercedes Fernández atribuyó estas y otras declaraciones a «ensoñaciones» del exvicesecretario del PP puesto que, también según la versión de varios de los abogados que siguieron el interrogatorio, dijo que «prácticamente no había hablado con él sobre aquel proyecto», que nunca llegó a ejecutarse. No le debió gustar la respuesta a la jueza Pilar de Lara, que le apuntó, en ese momento, que no todo lo que contaba Joaquín Fernández eran «ensoñaciones», puesto que conocía a la perfección el presupuesto que el grupo popular tenía en la Junta.

La web de los 25.000 euros

Otra de las cuestiones sobre las que giró el interrogatorio fue la relativa al pago de la página web de campaña de Isabel Pérez-Espinosa para las elecciones de 2011. La web fue encargada a la empresa ASAC Comunicaciones, que emitió por ella una factura al PP de 25.000 euros, pese a que el propio Joaquín Fernández, responsable de aquella campaña electoral, reconoce abiertamente en sus conversaciones privadas que no costaba «ni 3.000 euros». Preguntada por esta cuestión, Mercedes Fernández indicó que, cuando accedió a la presidencia del PP, la «situación financiera del partido era caótica», y que había numerosas facturas por costes elevados «sin pagar». La dirigente popular ordenó llegar a un acuerdo para pagar la deuda contraída con la empresa ASAC Comunicaciones, pese a admitir que, bajo su punto de vista, la factura no estaba ajustada a la realidad, para evitar pleitos, puesto que existen correos electrónicos en los que queda acreditado que varias personas del partido aceptaron las condiciones económicas impuestas por la entidad. Mercedes Fernández aprovechó su intervención para puntualizar que el partido goza en estos momentos de una situación totalmente saneada y que se ha contratado «por 4.000 euros» la elaboración de una web que cumple perfectamente las funciones.

El Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias considera que, si bien Mercedes Fernández ofrece luz en algunos de los aspectos sobre los que se le preguntó, su declaración no es plenamente satisfactoria.