El interventor de Oviedo exculpa a Caunedo del aval devuelto a la empresa

El interventor del Ayuntamiento de Oviedo, José Luis González, que compareció ayer durante tres horas como testigo en el 'caso Pokemon' que se instruye en los juzgados de Lugo, exculpó con su declaración al ahora concejal y portavoz del PP en Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, de la decisión de devolver en 2009 el aval de 400.000 euros al grupo Agbar, al que pertenece Aquagest. Una operación económica contraria a informes jurídicos previos y que la propia jueza, Pilar de Lara, habría vinculado al presunto pago, por parte de la empresa de gestión de aguas, de cuantiosos regalos en forma de viajes y comidas de los que disfrutó el exalcalde de la capital asturiana.

El funcionario aseguró que la decisión de iniciar conversaciones con la empresa para alcanzar un acuerdo fue exclusivamente suya, «por iniciativa propia», y que sólo informó al entonces concejal de Economía cuando ya había conseguido un preacuerdo con la empresa. Fue después cuando, dejándose asesorar por este informe, se acordó la devolución del aval en junta de gobierno.

José Luis González, que rechazó hacer declaraciones tanto a la entrada como a la salida de los juzgados, comentó a la jueza que instruye el caso que inició los contactos con la empresa al entender que llegar a un acuerdo con la misma era la mejor manera de defender los intereses del Ayuntamiento de Oviedo. Bajo su punto de vista, dijo, un pleito con esta entidad podría haber acarreado consecuencias mucho más negativas para las arcas municipales que la devolución del citado aval. «El interventor dijo que había sido el único responsable de la decisión de devolver los avales a la empresa Aquagest, sin intervención por parte de ningún órgano superior», informó José Vázquez, abogado de Manos Limpias, al término del interrogatorio. Durante su declaración negó que hubiera recibido ningún tipo de presión para tomar esa decisión, tampoco por parte del propio Agustín Iglesias Caunedo. «Fue por iniciativa propia», insistió.

La jueza mostró su asombro por el hecho de que un funcionario pudiera tomar este tipo de decisiones sin consultar con el equipo de gobierno e, incluso, planteó durante el interrogatorio sus dudas sobre si pudiera existir algún tipo de connivencia previa, ya que la devolución del aval se firmó en junio de 2009 y la empresa había renunciado meses antes, en enero de aquel año, al recurso de apelación interpuesto contra el Ayuntamiento.

El interrogatorio del interventor, entiende Pelayo Mijares, el letrado que defiende los intereses de Caunedo, confirma la versión de su cliente, que siempre defendió que su decisión vino motivada exclusivamente por el informe positivo, aunque no vinculante, del funcionario, y que posteriormente fue ratificado en junta de gobierno. Por eso, dijo, su cliente tiene «la misma tranquilidad ahora que tenía antes».