El interventor del Ayuntamiento de Oviedo exculpa a Caunedo en el juicio del 'caso Pokemon'

El interventor del Ayuntamiento de Oviedo José Luis González, que ha comparecido como testigo en el juicio del 'caso Pokemon' que se lleva a cabo en los juzgados de Lugo, ha exculpado este jueves de toda responsabilidad al exalcalde Agustín Iglesias Caunedo. Además, González, ha asegurado que firmó la devolución del aval de Aquagest, de unos 400.000 euros, para proteger los intereses del Consistorio, ante el temor de perder posibles pleitos.

Esta declaración se produce después de la comparecencia, también en calidad de testigo, de la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández. Su interrogatorio se prolongó durante dos horas y, según sus palabras, fue "exhaustivo"; también "muy tenso", añadieron fuentes de la investigación. Se centró en tres cuestiones. La primera tiene que ver con el pago de la página web de campaña de Isabel Pérez-Espinosa para las elecciones autonómicas de 2011, encargada a ASAC Comunicaciones y por la que se emitió una factura al PP de 25.000 euros, pese a que el propio Joaquín Fernández, responsable de aquella campaña electoral y presunto 'conseguidor' de la trama, reconoce que no costaba «ni 3.000 euros». De las escuchas intervenidas se desprende que Mercedes Fernández, cuando accedió a la Junta tras el fracaso de Pérez-Espinosa, no se quiso hacer cargo de la deuda y responsabilizó de lo ocurrido a Joaquín Fernández. Éste dijo a sus 'colegas' que no quería «que le cargaran el muerto», negó que se hubiera quedado con la diferencia y apuntó a otras personas. «Fue un capricho de Rodolfo (en referencia a Rodolfo Sánchez, entonces jefe de gabinete del alcalde de Oviedo) consentido por Isabel (Pérez-Espinosa) y Goñi (Fernando Goñi, ahora senador)», afirmó en sus conversaciones telefónicas. En 2014, la empresa ASAC, tras demandar al PP por impago, llegó a un acuerdo con el partido y cobró 18.000 euros.

El otro frente abierto que tiene la presidenta del PP tiene que ver con la negociación que mantuvo a través de terceros, pero también directamente en un encuentro personal con el propio Joaquín Fernández, para la contratación de una newsletter (boletín de noticias). También según conversaciones que el considerado 'abrelatas' de la trama mantiene con terceros, entre ellos la exdiputada nacional Carmen Rodríguez Maniega, el proyecto tenía por objeto «dar salida» a Roberto Santiago Fernández, tras su cese como teniente alcalde de Navia, y estaba previsto que se financiara mediante la emisión de facturas de la empresa Ingenium Consultoría e Ingeniería -propiedad de Joaquín Fernández- al grupo parlamentario del PP en la Junta. «Donde no tiene dinero debe ser en la sede, pero en la Junta General, con cincuenta y pico mil euros al mes, le debe sobrar», le dice Joaquín Fernández a Maniega en una de sus llamadas, en la que también deja clara la insistencia por parte de Mercedes Fernández en pedirle facturas. «Conforme como están las cosas con el PSOE, no lo puede sacar como antes, tiene que tener facturas», apunta el imputado.

Aquel boletín no llegó a salir a la luz pero, en estos contactos telefónicos, Joaquín Fernández deja entrever que la dirigente popular le debe favores «porque le fastidió la TPA», donde el acusado fue consejero por el PP y tuvo que renunciar al cargo después de que el partido decidiera retirarse de los órganos de gobierno del canal autonómico. «A ver qué es lo que suelta esta paisana», le dice a Roberto Santiago tras mantener su encuentro con la presidenta del PP.

De Lara tampoco pasó por alto en su interrogatorio la contratación del hermano de la presidenta del PP asturiano, Pablo Fernández González, por parte de Aquagest. Fuentes del caso han indicado que la líder del PP asturiano ha admitido ante la juez que en una etapa en la que su hermano se encontraba en paro preguntó a varios conocidos si conocían ofertas de trabajo y que fue el expresidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui, también investigado, quien le dijo que Aquagest necesitaba gente.

Con la citación de Mercedes Fernández como testigo, la jueza pretende esclarecer la relación que la diputada autonómica mantenía tanto con Aquagest y otras empresas del grupo Agbar, como con el propio Joaquín Fernández y las entidades relacionadas con él. No parece que vaya a ser un mero trámite para De Lara, que se caracteriza por ser concienzuda y especialmente meticulosa en sus interrogatorios, ya que la jueza asturiana descartó la posibilidad de que Fernández declarase mediante exhorto o vía conferencia -como prevé la legislación para testigos que, como en este caso, viven fuera del término municipal en el que se encuentra el juzgado-, al considerar «absolutamente necesaria» su presencia en el juzgado. Y lo es, argumenta en su auto, «no solo porque su declaración se prevea más o menos larga y compleja», sino también por la necesidad de exhibirle documentación y reproducirle algunas de las conversaciones telefónicas en las que se habla de ella.

De hecho, la parlamentaria señaló a las puertas del juzgado que acompañó sus respuestas con documentos "para contestar con mayor claridad a las preguntas que me formulaba la jueza. Creo que fui tan exhaustiva en mis respuestas como lo fue su señoría". Y en cuanto a la posibilidad de que la jueza abra una investigación sobre su persona se mostró tajante: "En absoluto".

«Nunca es grato este trance»

Mercedes Fernández accedió por la mañana a los juzgados de Lugo acompañada de su marido y portando numerosa documentación con la intención, dijo, de "contar todo lo que sepa y conozca" sobre la presunta trama de corrupción por la que, supuestamente, la empresa Aquagest conseguía contratos de obras y servicios en ayuntamientos a cambio de favores a políticos, estando imputados hasta la fecha cinco dirigentes y exdirigentes del PP. Antes de entrar, reconoció que su citación en calidad de testigo no le generó tranquilidad: "Tranquilidad no es la palabra, nunca es grato este trance, pero soy la presidenta del PP de Asturias y vengo a prestar testimonio de lo que sé y conozco", insistió. "Es un trance siempre difícil, pero yo voy a colaborar con la justicia, como vengo haciendo a lo largo del último año, y hoy, como decíamos cuando era pequeña, vengo a examinarme de todo el libro", avanzó señalando la documentación que portaba.

La figura de Mercedes Fernández ha sobrevolado siempre esta investigación, pese a que en la época en la que se cometieron la mayor parte de los presuntos delitos no era la presidenta del PP asturiano, sino síndica. Su nombre aparece de forma reiterada en varias de las páginas del sumario por haber sido mencionada en las conversaciones telefónicas intervenidas al ex vicesecretario de Comunicación del PP de Asturias, Joaquín Fernández, considerado el presunto 'conseguidor' en el Principado de los contratos en la también llamada 'trama del agua', y destituido por la propia Mercedes Fernández cuando fue nombrada presidenta del PP.