La jueza del 'caso Pokemon' cree que Caunedo «no aclara» nada y mantiene su imputación

La jueza del 'caso Pokemon' desestima el recurso interpuesto por Agustín Iglesias Caunedo contra su imputación en la investigación abierta sobre el posible pago de favores por parte de la empresa Aquagest a cargos públicos a cambio de contratos de obras. En un auto con fecha del pasado 19 de enero, argumenta que existen indicios suficientes para mantener su imputación por un presunto delito continuado de cohecho y otro de prevaricación, y afirma que, en su declaración del pasado 29 de enero en los juzgados de Lugo, no fue capaz de aportar luz sobre ninguna de las cuestiones que sustentan la investigación.

La jueza gijonesa Pilar de Lara defiende que su decisión de citar a declarar al exalcalde de Oviedo en calidad de investigado (antes imputado) carece de defectos de forma o procesales, como sostiene la defensa de Caunedo, y que está sobradamente sustentada en los indicios existentes «que van más allá de la categoría de una mera sospecha y gozan de cierta solidez». Estos se basan, completa, «en datos objetivos» que proporcionan documentos tales como facturas y albaranes de las agencias de viajes, reportajes fotográficos, y el reflejo de la contabilidad intervenida en el registro domiciliario de Joaquín Fernández Díaz, considerado el presunto 'conseguidor' en el Principado de los contratos en la también llamada 'trama del agua'. De esta información intervenida se desprende, según el auto, que Caunedo podría ser uno de los políticos presuntamente agasajados por las empresas del grupo Agbar a través de los ya conocidos viajes a Nueva York, Florida y Croacia, así como de numerosas comidas.

De Lara sostiene que con la documentación aportada por el acusado para tratar de justificar el pago de estos viajes -reintegros en cuentas bancarias cuyas titulares son sus tías, en uno de los casos, y su madre, en otro- «en modo alguno se acredita» ni que ese dinero fuera a parar a manos del ahora concejal del Ayuntamiento de Oviedo, ni tampoco que esas cuantías se destinaran al sufragio de aquellas vacaciones. Es más, apunta De Lara, ni tan siquiera existen coincidencias ni en los importes, ni en las fechas.

La jueza opina que «llama la atención» que, el entonces teniente de alcalde de Oviedo, «contando con unos ingresos más que considerables», pagara esos desplazamientos con dinero de «sus tías, pensionistas». Y también le «extraña» que, el ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento, hubiera acumulado tales cantidades en su domicilio. Otra parte de la documentación aportada por Caunedo sólo acredita, entiende De Lara, que abonó algunos de los gastos personales que se hicieron durante estos viajes con su tarjeta de crédito, pero en ningún caso los conceptos -como los vuelos y las estancias en hotel- que aparecen en las anotaciones de Joaquín Fernández.

Similar análisis realiza la magistrada con respecto a las explicaciones que el concejal ovetense realizó el pasado mes de enero sobre su responsabilidad en las negociaciones llevadas a cabo entre el Ayuntamiento de Oviedo y Aquagest para la devolución de varios avales a la empresa, por una cuantía estimada de 403.000 euros, pese a que inicialmente había informes técnicos y jurídicos desfavorables. De Lara señala que, precisamente el año en el que tuvieron lugar los citados viajes, Caunedo, como concejal delegado de Economía, acordó la devolución de los avales y renunció a las indemnizaciones que, según estos informes, la empresa debería haber abonado al Ayuntamiento. Caunedo trató de justificar su decisión en función de la existencia de un segundo informe favorable por parte del interventor municipal, pero la jueza advierte de que el hecho de que puedan existir irregularidades por parte de terceras personas, «no exoneraría la responsabilidad del investigado». Le recrimina, de hecho, que no haya aclarado ninguno de los datos referentes a la realización de dicho convenio, ni tan siquiera la identidad de los participantes en la negociación. La jueza ya ha llamado a declarar al funcionario.