La jueza pone el foco en la empresa Acuanorte, que dirige Pérez-Espinosa

La investigación de la supuesta trama de corrupción en la concesión de servicios públicos municipales en Asturias y Galicia, el conocido como 'caso Pokemon', vuelve a poner el foco en la relación entre Aquagest y la sociedad pública estatal Acuanorte, que dirige Isabel Pérez-Espinosa desde 2012. La jueza Pilar de Lara centró ayer parte de su interrogatorio al concejal ovetense Agustín Iglesias Caunedo en cuestiones relativas a la vinculación entre estas dos compañías que, según recoge el auto, firmaron durante el periodo 2010-2012 un contrato por valor de más de un millón de euros. Caunedo aseguró que en estos momentos no mantiene contacto con su exmujer, Pérez-Espinosa, hasta el punto de que, para sorpresa de los que se encontraban en la sala, dijo desconocer sus ocupaciones profesionales actuales. «No le puedo contestar», respondió a la pregunta. No debió convencer su respuesta a la jueza que instruye el caso cuando, pese a ello, inició una batería de preguntas dirigidas a esclarecer las posibles relaciones entre la empresa investigada y la que dirige ahora quien fuera concejal en el Ayuntamiento de Oviedo y candidata a la Presidencia del Principado por el PP en 2010. Caunedo, a quien se le imputan los delitos de cohecho y prevaricación, respondió con evasivas todas estas cuestiones hasta que, dada la insistencia de la magistrada, acabó reconociendo que el nombre de la empresa «le sonaba». No fue la jueza la única interesada en investigar si se cometieron irregularidades en las contrataciones realizadas por la sociedad pública a Aquagest, y si éstas estaban vinculadas a algún tipo de contraprestación. Los representantes del Observatorio Ciudadano Anticorrupción en Asturias (OCAN), personados en la causa como acusación, mostraron igualmente interés por despejar cualquier sombra de duda sobre estos contratos, pero Caunedo rechazó contestar a sus preguntas.

No es la primera ocasión en la que el nombre de Pérez-Espinosa se ve salpicado por el 'caso Pokemon'. Sin embargo, ésta siempre ha defendido que el citado contrato (relativo a los servicios de operación y mantenimiento de infraestructuras del proyecto de abastecimiento a Benavente y otros municipios del Valle de Tera, en Zamora, y adjudicado por Aguas del Duero antes de la fusión de la que surgió Acuanorte) se hizo en octubre de 2010, antes de que ella accediera al cargo. Aseguró que, desde entonces, la sociedad que dirige no ha adjudicado ningún contrato a la empresa Aquagest y que su única relación con este cuantioso contrato fue autorizar su prórroga por un año en octubre de 2012 a propuesta de los técnicos de la sociedad, y decidir después su no renovación durante el último ejercicio de vigencia.

Durante la comparecencia de Caunedo, que se prolongó aproximadamente una hora, la jueza también preguntó por el conocimiento que Mercedes Fernández, actual presidenta del PP asturiano y a la que De Lara ha llamado a declarar en calidad de testigo, mantiene sobre la gestión del partido y la actuación de sus colaboradores. «No es una persona que pase de todo. Es muy diligente y le entrega mucho tiempo al partido», confirmó Caunedo, a quien defiende en el proceso Pelayo Mijares. La jueza quiso conocer también la relación del exalcalde con varios trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo, entre ellos varios interventores, con los que declaró que mantiene una relación únicamente profesional. En un exhaustivo interrogatorio, De Lara llegó a preguntarle también sobre la hermana de Manuel Pecharromán, abogada en el Consistorio ovetense, a quien Caunedo admitió conocer desde antes, incluso, de acceder a la condición de funcionaria, dada la acreditada amistad que le une con quien fuera concejal del PP en Gijón. También le cuestionó sobre su relación con Joaquín Fernández, considerado 'conseguidor' de la trama, con el que admitió mantener también una buena amistad, aunque dijo que desconocía que trabajaba en la empresa Aquagest hasta que se hizo público en los medios de comunicación. «Pensaba que trabajaba en una empresa de limpieza en Navia», anotó.

El concejal de Oviedo fue el único de los cinco diputados imputados por la ramificación asturiana de la trama del agua que ayer prestó declaración en los juzgados lucenses. Los otros cuatro (Joaquín Fernández, exvicesecretario de comunicación del PP; Manuel Pecharromán, exconcejal del PP de Gijón; Joaquín Aréstegui, expresidente del PP en Avilés, y su mujer, Carmen Vega, exconcejal del PP en Avilés) se acogieron a su derecho de no declarar. Su decisión fue duramente criticada tanto por los representantes de OCAN, al entender que con su actitud demuestran su «poco interés» por esclarecer los hechos, como por Manos Limpias, cuyo presidente recordaba ayer que tanto Manuel Pecharromán como Joaquín Aréstegui mostraron hace meses su intención de colaborar con la justicia. Alfredo García interpreta que su silencio obedece a que, presuntamente, «algo raro esconden». La acusación también mostró perplejidad por la ausencia de la Fiscalía durante las vistas.

Caunedo apareció en los juzgados acompañado por varios concejales del Ayuntamiento de Oviedo y del senador popular Mario Arias y, tras su declaración, dijo estar «tranquilo» y «satisfecho» por haber colaborado con la justicia. A partir de ahora, declaró ante los medios, «voy a dedicarme de nuevo a defender los intereses de Oviedo, que es lo importante». Una manifestación que no gustó en absoluto a la concejal de Somos, Ana Taboada, quien insistió ayer en que tanto el grupo municipal popular como la máxima responsable del PP en Asturias, deben exigir su inmediata dimisión como concejal tras las «poco convincentes» explicaciones que, en su opinión, ofreció ante la jueza.

La acusación también entiende que sus respuestas a las preguntas de la magistrada no fueron en absoluto esclarecedoras. En relación a los viajes realizados en compañía de Joaquín Fernández y Manuel Pecharromán, que el auto apunta que podrían haber sido financiados por Aquagest, el exalcalde insiste en que pagó su parte a Fernández con dinero metálico que tenía en su casa y que le habían dado sus tías. Con respecto a la decisión del Ayuntamiento de Oviedo de devolver los avales por valor de 840.000 euros a la empresa Aquagest-Tribugest, pese a que la compañía no había cumplido el contrato, Caunedo se limitó a contestar que no recordaba aquellos hechos. Sus continuos «no me consta» sobre esta cuestión hicieron que la jueza le reprochara que, con su formación y siendo en ese momento concejal de Economía, no recordase aquel suceso. Caunedo se excusó atribuyendo la decisión al informe del interventor.