Los cinco imputados de la trama Aquagest, ante el juez

Pilar de Lara, titular del juzgado de Lugo que instruye el caso 'Pokemon', ha decidido convocar en calidad de testigo a la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, el 25 de febrero. Busca aclarar extremos como «el significado de determinada documentación» aparecida en los registros al supuesto 'conseguidor' asturiano de la trama del agua, Joaquín Fernández, así como el contenido de conversaciones telefónicas donde aluden a Mercedes Fernández y la relación directa o indirecta que haya podido tener con la empresa Aquagest o con otras del Grupo Agbar, así como con empresas relacionadas con Joaquín Fernández. El mismo día deberá declarar también ante la jueza el interventor del Ayuntamiento de Oviedo, José Luis González Díaz, por la devolución de la fianza a Aquagest-Tribugest.

Los cinco imputados asturianos de la trama, por la que supuestamente la empresa Aquagest hizo pagos a políticos para hacerse con adjudicaciones de obras y servicios, están citados hoy a declarar en el juzgado de instrucción número uno de Lugo. Son Joaquín Fernández, exvicesecretario de comunicación del PP y considerado 'conseguidor' de la trama en Asturias; el exalcalde de Oviedo y actual concejal, Agustín Iglesias Caunedo; el exconcejal de Gijón Manuel Pecharromán; el expresidente del PP en Avilés Joaquín Aréstegui, y su esposa, Carmen Vega, exconcejal en este ayuntamiento.

La documentación incautada en el registro del domicilio de Joaquín Fernández y el volcado de su ordenador personal, en 2013, fue precisamente lo que puso al resto de los imputados en el punto de mira de la jueza Pilar de Lara. Las anotaciones sobre viajes presuntamente financiados por la empresa de gestión del agua a Caunedo y Pecharromán, y las partidas registradas como «gastos de campaña» y cobros particulares por presuntos favores políticos a nombre de Aréstegui y su cónyuge están siendo claves en la investigación.

La defensa de Fernández pone en entredicho la validez de esas pruebas. Cree que no se respetó la cadena de custodia de las mismas, máxime cuando la documentación del ordenador se volcó de un disco duro a otro sin control alguno. Y ya ha anunciado que solicitará la nulidad de las pruebas, petición que secundará el letrado Pelayo Mijares, que defiende los intereses de Agustín Iglesias Caunedo.

Éste también ha recurrido la decisión de De Lara de llamar a declarar al concejal ovetense en calidad de imputado, al entender que ya ha explicado con suficiente detalle cómo pagó los polémicos viajes efectuados junto a Fernández y Pecharromán a Florida, Croacia y Nueva York. Caunedo, y así lo mantendrá hoy durante su declaración en los juzgados lucenses, asegura que abonó en metálico los viajes a Fernández con dinero que le regalaron sus tías por su cumpleaños y con una cantidad que había retirado un año antes para otras compras y que guardaba en su domicilio. La investigación apunta, sin embargo, a que los viajes podrían haber sido sufragados por Aquagest para gratificar supuestos favores políticos. Concretamente, la decisión del Ayuntamiento de Oviedo de devolver una fianza de 840.000 euros a Aquagest-Tribugest en junio de 2009, cuando Caunedo era concejal de Economía, además de dejar de reclamar a la empresa 166.850 euros por obras no ejecutadas. A la jueza le llama la atención que, en diciembre de 2008, la junta de gobierno municipal había rechazado reintegrar la fianza y sí le exigía el ingreso del dinero por los trabajos no efectuados. Manuel Pecharromán, por su parte, siempre ha defendido que en su calidad de concejal en la oposición no tuvo nunca capacidad para favorecer a la empresa Aquagest.

Los tres han sido citados hoy para tratar de esclarecer la financiación de estos viajes y responder por presuntos delitos de cohecho, además de prevaricación, en el caso de Caunedo. Por la tarde volverá a dar explicaciones ante la jueza Joaquín Fernández aunque, en esta ocasión, para hablar de la trama avilesina. Están citados también Joaquín Aréstegui y su mujer, Carmen Vega, acusados de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La jueza sospecha que el ex presidente del PP de Avilés recibió dinero y otras recompensas, como la rehabilitación de un inmueble y el abono de viajes, comidas y otros gastos por parte de la empresa investigada. En las anotaciones del ordenador de Joaquín Fernández aparecen entregas de dinero que superan los 100.000 euros e, incluso, una anotación sobre una reserva de 360.000 para Aréstegui. Éste también ha defendido su inocencia.