Viejas demandas para un nuevo Gobierno

Financiación, infraestructuras, educación, servicios sociales... Cualquier Gobierno que se constituya tras las elecciones generales de este 20 de diciembre recibirá las mismas demandas de las 17 comunidades autónomas. Pero los grandes epígrafes esconden reivindicaciones propias sobre las que, a menudo, pesan retrasos inexplicables o abandonos incomprensibles. Asturias es buen un ejemplo. Su lista de asuntos pendientes está repleta de obras inacabadas, plazos incumplidos y compromisos pospuestos que esperan su oportunidad entre ajustes presupuestarios y prioridades políticas.

Las grandes infraestructuras dominan este rosario de peticiones y la alta velocidad ferroviaria a través del puerto de Pajares es la principal aspiración del Gobierno regional. Estaba previsto que el primero de los dos túneles de la variante que agilizará la conexión entre Asturias y Madrid entrara en funcionamiento a final de año, pero hoy, las previsiones más optimistas superan el ecuador del próximo ejercicio.

El AVE a Madrid, no obstante, no solo depende de la ejecución de los túneles, ya que el Principado espera también que el Ministerio de Fomento impulse las obras del tramo León-La Robla y, sobre todo, acelere las del llamado 'fondo de saco', una estación de fin de recorrido que impone una maniobra de marcha atrás que añade 20 minutos al trayecto actual.

Incrementar el esfuerzo presupuestario para la inmediata puesta en marcha del AVE es una demanda que comparten casi todas las fuerzas políticas de la región, que coinciden también en reclamar la reactivación plena de las obras de la autovía Oviedo-La Espina (A-63), un eje llamado a vertebrar el área suroccidental del Principado, que podría tener continuidad hasta Ponferrada (León). En 2010, la crisis obligó a suspender su ejecución y solo se han puesto en servicio 12 kilómetros de una de las dos calzadas proyectadas. Los trabajos se han retomado hace unos meses, pero hay muchas incertidumbres sobre su continuidad.

También se demanda el inicio de las obras de construcción de los accesos al puertos de El Musel, cuya conexión con la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) es una de las apuestas del Ejecutivo autonómico para el despegue económico del centro de la región. Un acuerdo de 2005 obliga a Fomento a construir una vía de alta capacidad y a la Autoridad Portuaria, un segundo acceso soterrado, dos proyectos que esperan por una decisión gubernamental.

En una situación similar de incertidumbre se encuentra el proyecto de la estación intermodal de la ZALIA, para cuya ejecución el Principado demanda la implicación del ministerio, al que también reclama un compromiso claro e inequívoco con la autopista del mar Gijón-Saint Nazaire, cuya viabilidad se tambalea frente a la propuesta de Vigo (Galicia).

La Consejería de Infraestructuras y el Ministerio de Fomento están enfrentados también en los tres grandes proyectos de integración ferroviaria de la región: Gijón, Avilés y La Felguera (Langreo). Para la villa de Jovellanos, el departamento que encabeza Ana Pastor optó por revisar el proyecto vigente desde 2008, presupuestado en 422 millones, y, con el acuerdo del Ayuntamiento, aprobó hace unos días el cambio de ubicación de la futura estación intermodal, en contra de la opinión del Principado. En cuanto a los planes para Avilés, aprobados en 2011, están, simplemente, paralizados. En La Felguera, la falta de acuerdo sobre el tendido de las vías perpetúa la división de un pueblo que vio el inicio de las obras en 2011.

Pero ésta no es la única deuda pendiente del Estado con el histórico concejo minero. Desde 2011, espera la puesta en servicio del centro Stephen Hawking, un equipamiento para la atención de lesionados medulares que está llamado a ser un referente nacional. Tras cinco años de retraso, se prevé su inauguración para el verano de 2016.

Impulso industrial

Además, Langreo es uno de los municipios asturianos que están a expensas del pago de los fondos mineros por parte del Gobierno central. Su supresión fue una de las primeras medidas del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, obligado ahora a su abono por mandato judicial. Con recursos aún pendientes de resolución, el Principado cifra en 334 millones de euros la cuantía adeudada por el Estado para apoyar la reconversión económica de los concejos mineros.

El cobro de estas ayudas a la reestructuración supondría un gran aliento para muchos municipios de legado minero, alguno de los cuales sigue teniendo en la explotación de carbón su principal actividad económica. Es el caso de los municipios del suroccidente, donde las mineras privadas reivindican la aprobación de un nuevo sistema de incentivos para la quema de carbón nacional bajo la amenaza inminente de cierre. En una comarca castigada por la despoblación y el envejecimiento, los sindicatos cifran el golpe en 1.200 empleos.

El futuro Ministerio de Industria también encontrará demandas relativas a una nueva tarifa eléctrica que evite que las empresas operen sujetas al servicio de interrumpibilidad, que retribuye a las compañías dispuestas a desconectarse de la red si es necesario.

Una comunidad ligada históricamente al sector primario también tiene frentes abiertos en el Ministerio de Agricultura. El reparto de las ayudas a los ganaderos por la caída de los precios de la leche, la consideración de la ganadería de montaña ante el reparto de los fondos de la Política Agraria Común o la posible compensación por las cuotas de la xarda, que fueron anuladas por la Audiencia Nacional, son algunos de los asuntos que enfrentan a ambas administraciones.

Del mismo modo, el Gobierno central encuentra la oposición de Asturias ante las reválidas previstas en la LOMCE, una ley que la autonomía rechazó, pero aplicó. En el apartado de peticiones, el Principado reivindica la especialidad docente del asturiano, para la que pide un estatus similar al latín o el griego.