A. SUÁREZ
Miércoles, 4 de noviembre 2015, 00:22
El PSOE entró ayer a fondo en la controversia política del 'caso Pokemon' con un demoledor ataque al PP, en cuyo seno ve una «trama delictiva» en la que se entremezclarían contratos entre empresas vinculadas al supuesto 'conseguidor' de este escándalo, Joaquín Fernández, y ayuntamientos populares y Hunosa, y la financiación de gastos electorales. Los socialistas ponen especialmente el foco sobre la presidenta de la hullera, Teresa Mallada, y pedirán información al Gobierno a través del Congreso sobre las relaciones contractuales entre la corporación pública y el citado Fernández, antaño vicesecretario de comunicación del PP.
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«Este no es el 'caso Caunedo', este es el 'caso PP', que salpica a las principales caras del partido», señaló la secretaria de política municipal del PSOE, Adriana Lastra, en alusión al hecho de que se esté centrando la atención en los polémicos viajes del ex alcalde de Oviedo y la financiación de los mismos cuando el asunto va, a su juicio, más allá. Caunedo debe dar explicaciones al respecto, opinó, pero los populares, añadió, deben ir mucho más lejos a la hora de justificarse ante la sociedad.
Lastra orientó el objetivo hacia Hunosa, la hullera que preside Teresa Mallada, cuyo nombre, por cierto, está en las quinielas para encabezar la lista del PP al Congreso en las generales del próximo 20 de diciembre. Anunció que los socialistas, a través de la diputación permanente de la Cámara, pedirán explicaciones al Gobierno de Mariano Rajoy sobre la existencia de contratos entre la corporación pública y empresas vinculadas a Joaquín Fernández. «Debe aclararse el papel de Mallada, pedimos explicaciones sobre esas contrataciones y si era conocedora de las mismas», remarcó.
El PSOE huele sangre en este asunto y ha mordido la pieza. Coincidencia o no, Mallada es uno de los nombres que circulan como posible cabeza de cartel popular y eso está en la mente de todos. El hipotético acuerdo entre los populares y Foro para concurrir al 20-D en coalición supone una amenaza directa para las expectativas socialistas, pero este escándalo es un duro golpe para el PP y todos los actores en liza lo saben. En este contexto, Lastra arremetió ayer contra la presidenta del PP, Mercedes Fernández, a la que afeó que pida a otros la claridad y la contundencia que ella no muestra en su comportamiento.
Le reprochó, en concreto, que en su momento no forzara la salida de Jaime Reinares pese a que pesaba sobre él una condena judicial, o que haya incentivado la dimisión de Joaquín Aréstegui como presidente del PP de Avilés pero le mantenga al frente de una empresa dependiente del Gobierno central.
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«El pánico electoral activa el modo anticorrupción del PP», ironizó Lastra, que cree que el conjunto de temas que están sobre la mesa -Hunosa, contratos en ayuntamientos, gastos de precampaña...- «dan la sensación de que aquí hay una trama delictiva».
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