Sánchez, frente al café para todos

Hay otra alternativa integradora y profundamente democrática en la que las aspiraciones de más autonomía no se van a ver frustradas». Esa fue la promesa que hizo Pedro Sánchez a los catalanes en su última visita a Barcelona. El secretario general del PSOE ha decidido hacer de la propuesta de reforma constitucional, ya 'cocinada' por su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, su principal apuesta para las autonómicas del próximo 27 de septiembre (y, en parte, también para las generales de noviembre o diciembre). Su mensaje es el de que existe una salida a la crisis catalana que no implica secesión pero tampoco inmovilismo. Ahora bien, los socialistas admiten que tampoco el suyo sería un camino exento de dificultades.

Sánchez tiene que superar, de hecho, un primer escollo en sus propias filas. El pasado 8 de julio el líder del PSOE anunció la puesta en marcha de un comité de expertos constitucionalistas , presidido por el catedrático Gregorio Cámara, para terminar de perfilar la propuesta y plasmarla en el programa electoral. En la práctica, sin embargo, la misma dirección del partido admite que es casi imposible moverse de lo que ya pactó Rubalcaba en julio de 2013 con los barones socialistas en la llamada 'Declaración de Granada'. Un texto que preconfiguraba un perfeccionamiento del sistema autonómico con la inclusión de elementos propios de estados federales pero en el que no se pudo bajar al detalle.

«Es un documento que permite diecinueve discursos diferentes», dijo gráficamente en su día uno de los firmantes. Esa fue la principal virtud de aquella propuesta, que sirvió para coser la brecha abierta entre socialistas catalanes -por aquel entonces empeñados en defender el derecho de los ciudadanos de su comunidad a decidir sobre la independencia o la permanencia en España- y el resto del PSOE. Pero esa es también su debilidad. «Si Pedro (Sánchez) intenta ir más lejos -avisa uno de los principales implicados en aquel acuerdo- Susana Díaz o incluso Emiliano García-Page, que ahora ya es presidente de la Castilla-La Mancha, pueden romper la baraja». El secretario general de los socialistas, sin embargo, ha dado pasos arriesgados que apuntan hacia un intento de dejar atrás «café para todos». Estos pueden ser los nudos gordianos de su oferta.

Autogobierno de «más calidad» para ciertas comunidades

El líder del PSOE abrió esta espita, un poco a la chita callando, en una entrevista en Radio Euskadi, primero y, días después, en su intervención ante el Barcelona Tribuna. Uno de los objetivos de la reforma -dijo, como de pasada, y entre una larga retahíla de principios-, es «conseguir un autogobierno de mayor calidad en las comunidades que tengan vocación de autogobierno». ¿Cuáles son esas comunidades y qué quiere decir «más calidad»? Tanto Sánchez como su número dos, César Luena, han ido sorteando esta pregunta en los últimos días. La responsable de programas, Meritxell Batet, matiza aún así que no hay que pensar sólo en las nacionalidades históricas, es decir, en País Vasco, Cataluña y Galicia. «Andalucía -dice- también tiene vocación de autogobierno, en cambio hay otras autonomías que incluso se han planteado una devolución de competencias».

La mención a Andalucía no es baladí. Susana Díaz apela con frecuencia a la movilización popular que llevó a la comunidad a conquistar el autogobierno en 1981 por la «vía rápida» del artículo 151 de la Constitución, originalmente previsto solo para los tres territorios que ya habían aprobado o perfilado un estatuto propio durante la República. Y si algo dijo la presidenta de la Junta justo un día después de que Pedro Sánchez reactivara la propuesta de reforma constitucional fue que no consentirá «una España de dos velocidades».

Tanto en la dirección del partido como en el grupo de expertos constitucionalistas alegan que no hay que tener miedo a que las singularidades se plasmen en «distintos niveles de autogobierno» si se garantiza la igualdad de derechos, algo que, aseguran, también plantea su propuesta. «El Estado federal organiza la igualdad en la diferencia; el debate sobre simetría-asimetría es una trampa dialéctica», apunta el profesor Cámara.

Nación o nación de naciones

El PSC ha renunciado al derecho a decidir, escisión de su ala soberanista mediante, y centra ahora su discurso en la una reforma federal de la Constitución, pero ambiciona que se renocozca a Cataluña como «una nación dentro de una España plurinacional». Este asunto tampoco quedó resuelto en Granada. El texto simplemente apuntaba que la Constitución debe nombrar de manera expresa a cada una de las comunidades autónomas «con la denominación por ellas elegidas en sus estatutos». Los socialistas catalanes argumentaron entonces que eso era tanto como reconocer que Cataluña es un «nación», como apunta el preámbulo de su 'Estatut'. El líder del PSOE replicó en cambio que la sentencia del Tribunal Constitucional ya dejó claro que esa parte del texto normativo carece de «eficacia jurídica interpretativa». La dirección del PSOE no se moja. Quiere evitar que las cuestiones terminológicas dinamiten el, a su juicio, necesario debate. «Estamos en una posición de salida y ese planteamiento corresponde a una posición de llegada», insisten.

Financiación especial

Los socialistas quieren «constitucionalizar los elementos esenciales de un sistema de financiación autonómica» para evitar que su regulación fundamental, que ahora se revisa cada cierto tiempo mediante una ley orgánica, esté sometida a continuas tensiones. En Granada se logró que todos los barones aceptaran incluir, junto a los principios de solidaridad, equidad interterritorial, autonomía financiera o cooperación el llamado «principio de ordinalidad» que evitaría que el orden de las comunidades según su renta por habitante resulte modificado después de aplicar los criterios de solidaridad. Un cambio revolucionario del modelo. No parece que nadie vaya a ir más allá. Sin embargo, Sánchez aseguró hace unos días que su objetivo era lograr una mejoría en la financiación de las autonomías y «singularmente en la de Cataluña». Y, aunque parece poco probable que tomen esa senda, esta semana tanto su portavoz en el Senado, Óscar López, como César Luena fueron ambiguos a la hora de cerrar la puerta a un 'pacto fiscal' que permita a los catalanes tener una Hacienda propia como el País Vasco y Navarra.

Senado electo o Consejo Federal

La anterior dirección del PSOE tuvo la osadía de plantear al partido la supresión del Senado y su sustitución por una suerte de Consejo Federal que actuaría como órgano de coordinación interterritorial, con competencias legislativas limitadas y un número de componentes tres veces inferior al de la Cámara alta, que cuenta con 265 escaños. Su idea estaba inspirada en el Bundesrat alemán, de modo que sus miembros no serían elegidos por voto directo ni por los parlamentos autonómicos, como ocurre actualmente con los senadores, sino que serían designados y formarían parte de los gobiernos de cada comunidad (presidentes, consejeros, viceconsejeros y hasta directores generales) en un número proporcional a la población. No sería, pues, una cámara parlamentaria, aunque su función sería aprobar o rechazar las leyes autonómicas que afectan a las competencias del conjunto. El plan, sin embargo, quedó luego algo diluido. Y no hay acuerdo sobre si los nuevos 'senadores' deberían ser miembros de los ejecutivos, de las asambleas regionales, representantes elegidos por sufragio, o una mezcla.

Blindaje del Estado o de las competencias autonómicas

En los planes iniciales del PSOE estuvo eliminar el artículo 150.2 de la Carta Magna, el que permite al Estado delegar o transferir competencias exclusivas a las comunidades autónomas, pero finalmente en 2013 renunció a proponerlo en aras del consenso. En todo caso, insisten en que la carta Magna debe recoger solo las competencias indelegables del Estado, no como ahora. Para algunos, eso blinda al Estado, para otros favorece a las autonomías. El texto aprobado en Granada, de hecho, subraya que eso supondría «que también las comunidades autónomas dispondrán de competencias exclusivas, lo que evitará duplicidades (...) se reducirán las competencias compartidas y se garantizará que las Comunidades ejerzan aquellas que son exclusivas sin interferencias».