El letrado de la Junta plantea un sinfín de correcciones a la futura ley de buen gobierno

El informe de técnica legislativa elaborado por el letrado mayor de la Junta, Alberto Arce, plantea un sinfín de correcciones al proyecto de ley de buen gobierno e incompatibilidades de altos cargos elaborado por el Gobierno de Javier Fernández. El análisis recoge cuestiones anecdóticas, como el mal uso de las comas, pero también entra en asuntos de enjundia que resultan llamativos, como el hecho de que en algunos aspectos el proyecto es menos ambicioso y preciso que la norma regional que ahora está vigente y, en ocasiones, también que la estatal.

El documento, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, tiene 45 páginas y da la vuelta como a un calcetín, desde un punto de vista técnico, al proyecto elaborado por la Consejería de Presidencia y que ahora está en la recta final de su tramitación en la Junta. Después de una primera etapa en que tanto la oposición como los expertos pusieron todo tipo de objeciones a la iniciativa, llegando en algunos casos a tildarla de «chapuza legislativa», todo está ahora a expensas de la negociación de las múltiples enmiendas presentadas por los grupos, especialmente por IU y UPyD, para mejorar el texto. El debate, que desde el principio ha tenido mucho calado, no en vano se trata de una de las propuestas 'estrella' del gabinete socialista, ha cogido aún más vuelo después de los hechos relatados por este periódico sobre la actividad empresarial de la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, que han derivado en su dimisión.

El informe hace notar que siendo el objetivo del proyecto «superar» los actuales estándares de buen gobierno e incompatibilidades, se incluyen algunas propuestas «a la baja» respecto tanto de la normativa regional vigente como del régimen estatal. Y pone ejemplos. En un primer caso, el letrado explica que la ley actual prohíbe a los ex altos cargos «realizar actividades privadas relacionadas con expedientes en los que hayan intervenido». Pero el proyecto, matiza, «restringe» esa prohibición, la suaviza, al precisar que los ex altos cargos hayan tenido que intervenir en la «resolución» de esos expedientes y que lo hayan hecho «directamente».

Hay otros dos casos en que, directamente, se eliminan del proyecto prohibiciones que sí contempla la ley ahora en vigor. Se trata de la imposibilidad de realizar actividades privadas relacionadas con expedientes de los que los ex directivos «hubieran tenido conocimiento por razón de su cargo», y de «utilizar en provecho propio o transmitir a otros para su uso la información a que hayan tenido acceso con ocasión del ejercicio de su cargo». Ninguno de estas dos restricciones se incluye en la iniciativa que ahora se tramita en la Junta General.

El proyecto sí tipifica una prohibición que no prevé la ley actual, la imposibilidad para los ex directivos de suscribir ningún tipo de contrato «con la administración y los organismos y entes del sector público autonómico en los que han prestado servicios como alto cargo». El informe admite que se superan los estándares en materia de incompatibilidades en Asturias, pero no los que contempla la ley estatal, según la cual el veto rige para las contrataciones con «todas las administraciones públicas».

El polémico artículo 10

Igualmente, se considera un avance que se regule que la declaración de bienes y patrimonio de los miembros del Consejo de Gobierno se haga pública a través de la web del Principado, pero se matiza que la ley estatal no contempla restricción alguna y extiende dicha publicidad no solo a los miembros del gabinete sino a todos los altos cargos «sin distinción».

En relación con el artículo que limita al 10% del accionariado la participación de altos cargos en empresas que contraten o subcontraten con la administración, el que incumplió Esther Díaz con su presencia en Davelco a expensas de que esta ley llegue a entrar en vigor tras ser aprobada por el Consejo de Gobierno del que formaba parte, el informe aporta algún matiz. Constata que el proyecto acota esa limitación a cuando esas empresas contraten o subcontraten con el sector público autonómico cuando, recuerda, tanto la normativa actual como el régimen estatal incluyen además el sector público estatal y el local.

«Es una opción», apostilla el letrado sobre el nuevo planteamiento que hace el Principado y que supone una marcha atrás, si bien entiende que «no resulta coherente» con la pretensión que manifiesta el Ejecutivo de ir más allá en las restricciones respecto de lo que ya hay ahora. Con todo, en la redacción final que formula no altera este punto y simplemente modifica su posición en el articulado buscando encajar mejor el conjunto del texto.