El presidente dice que la dimisión de Esther Díaz muestra «el nivel de exigencia ética del PSOE»

Su postura sobre la vinculación de Esther Díaz con la empresa Davelco era la más esperada pero el jefe del Ejecutivo, Javier Fernández, no rompió su silencio hasta ayer, veinticuatro horas después de que la ya ex consejera de Bienestar Social y Vivienda anunciara su marcha y sólo unos minutos más tarde de aceptar su dimisión en el curso de la reunión que el Consejo de Gobierno del Principado mantuvo para aprobar el proyecto de presupuestos de 2015, con el apoyo del PP.

Fernández inició su comparecencia ante los medios de comunicación, acompañado por la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, aseverando que Esther Díaz nunca tuvo «voluntad de ocultación ni de opacidad», dado que su participación en el capital de las empresas de su marido «estaba en su declaración de patrimonio y se conocía».

Como ya habría hecho Esther Díaz durante su intervención en la Junta General ante los diputados, el presidente del Principado defendió ayer la legalidad de que dichas empresas pudiesen contratar con empresas de titularidad pública estatal o hacer servicios de alquiler o de subcontrata para firmas que hubiesen ganado concursos en la misma consejería de la que era titular Díaz. Aseveró en este sentido que «hemos consultado a la Secretaría Técnica de Presidencia del Principado y no ve ilegalidad alguna», tras analizar «la Ley de Contratos del Estado y la de incompatibilidades».

Lo que sí reconoció el también secretario general del PSOE es que la participación de Esther Díaz y de su marido en dichas empresas suponía un conflicto con el proyecto de Ley de Buen Gobierno que el Ejecutivo regional aprobó el pasado mes mayo pasado, con el acuerdo de él mismo y de la entonces consejera. Sin embargo, en la misma línea del argumento defendido el pasado lunes ante la Comisión de Presidencia por la hasta ahora titular de Bienestar Social, el presidente subrayó que «no se le puede exigir el cumplimiento de una futura ley, es incoherente».

Fernández mostró ayer todo su apoyo a Esther Díaz al asegurar que su dimisión no responde a que haya vulnerado la ley durante su cargo como consejera, «sino porque no está dispuesta a seguir asumiendo el deterioro de su dignidad y la de su familia», el mismo argumento que ella ofreció ante los diputados. El presidente elogió «el nivel del listón que ella misma se pone» y al que ya hacía referencia el pasado lunes el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, y agradeció públicamente «su trabajo, que ha sido muy positivo. Esther Díaz ha sido muy buena consejera», sentenció.

Trabajando en el relevo

La dimisión de Esther Díaz deja una vacante a pocos meses de las elecciones regionales que el Gobierno tiene intención de cubrir cuanto antes para dar continuidad sin demora a la labor que Esther Díaz realizaba. Fernández dijo al respecto que ya se está trabajando en buscar a la persona que sustituirá a Díaz al frente de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda y que la decisión que se adopte será para «darle continuidad» a su gestión.

No se escuchó durante la intervención de Javier Fernández la más mínima censura a la actuación de la consejera en el aspecto ético. De hecho, el presidente se limitó en su comparecencia ante los medios a suscribir punto por punto la argumentación de Esther Díaz respecto a la razón que le llevó a no actuar en consecuencia en el momento en que el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Buen Gobierno. «Las leyes, en la Junta General, suelen no quedar en lo mismo que se presenta en el anteproyecto, y más en una situación como la actual», con un grupo socialista de 17 diputados sobre un total de 45, aritmética que también le sirvió para explicar por qué el acuerdo presupuestario ha sido finalmente con el PP.

Fernández reconoció en este sentido que si el porcentaje máximo que un alto cargo o su familia directa puede tener en una empresa que contrate o haga labores de subcontrata para la Administración no se quedase en el 10% que fija el anteproyecto, las decisiones empresariales de la consejera podrían haber tenido que variar, y él tampoco vio conveniente «que se metiera en operaciones societarias sucesivas. Hay lógica en la decisión de esperar», anotó.

El líder socialista también quiso responder a las críticas recibidas por el silencio que ha venido guardando desde que, a través de informaciones publicadas por EL COMERCIO, se haya puesto en evidencia que la hasta ahora titular de Bienestar Social podría haber incurrido en incompatibilidades por su participación en la empresa Davelco. Fernández justificó su actuación en el «respeto» a la voluntad de la propia Esther Díaz, porque «quiso ella ser quien diera la cara y se expresase», después de que la semana pasada le indicara que no quería seguir soportando las críticas a su actuación y que dejaba el Gobierno. Por último, el presidente quiso exhibir «el nivel de exigencia ética que el PSOE se autoimpone», lo que «no ocurre con los demás partidos. Sólo el PSOE se aplica este nivel de exigencia a sí mismo».