Esther Díaz dejó la casilla en blanco

La dimisión de Esther Díaz ha abierto un denso debate en torno a las limitaciones que debe asumir un alto cargo público en el ámbito empresarial, la legislación que regula estas incompatibilidades y, sobre todo, los mecanismos que existen en la actualidad para controlar que no se incurra en este tipo de irregularidades. Fue precisamente la ya ex consejera de Bienestar Social quien, durante su intervención el pasado lunes en la Junta General en la que anunció su dimisión, puso sobre la mesa este vacío al afirmar que no había recibido «ningún tipo de reparo, objeción, valoración o apreciación técnica negativa» sobre la declaración de bienes y patrimonio presentada ante el Servicio de Inspección del Principado de Asturias, y en la que reconocía su participación en la empresa Davelco, cuando tomó posesión del cargo de consejera. «Nunca después de la presentación de las declaraciones, fui requerida ni advertida de la existencia de cuestiones que pudiesen dar lugar a reparos, incompatibilidades, ni tan siquiera, aclaraciones. Repito, nunca», añadió.

Con este argumento la hasta ahora titular de Bienestar Social quería demostrar el cumplimiento de la legislación vigente, al igual que ayer haría el propio presidente del Principado. Sin embargo, el PP (que al igual que el resto de los grupos de la oposición entiende que Díaz incurrió en una causa de incompatibilidad al participar con un 19,8% en el accionariado de una empresa que colabora en obra pública) considera que «algo falló» en este proceso de control al que Díaz hace referencia y que debería haber establecido el Principado para evitar que, la entonces alcaldesa de Langreo, asumiera responsabilidades en el Gobierno del Principado con estas circunstancias empresariales.

Fernando Goñi entiende que fallaron los mecanismos de «control» y propone la creación, en el marco de la Junta General del Principado de Asturias, de una comisión del estatuto de los diputados, miembros del gobierno y altos cargos. Con este órgano, defiende, los controles que actualmente realiza la comisión de reglamento sobre las incompatibilidades de los parlamentarios, se extenderían también a los consejeros que, por otra parte, están sujetos a reglamentos diferentes y más exigentes por tener capacidad ejecutiva.

Lo cierto es que el Principado ya dispone de un mecanismo de control para alertar a sus altos cargos si se detecta que incurren en algún tipo de incompatibilidad por su responsabilidad en el Gobierno. Corresponde a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, tal y como recoge el decreto que regula los registros de intereses y actividades y de bienes de altos cargos del Principado, «comunicar, si entendiese que existe causa de incompatibilidad, tal circunstancia al interesado y al órgano competente» que, en este caso, sería el Consejo de Gobierno.

Dos registros

Esto no ocurrió, según manifestó insistentemente la propia Esther Díaz en su intervención en la Junta, pero también es cierto que, según sus mismas palabras y en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, Díaz únicamente habría reconocido su participación en la empresa Davelco en su declaración de bienes. No así en su declaración de posibles incompatibilidades y de intereses, pese a que ésta incluye un apartado específico a cumplimentar por los altos cargos en caso de participación superior al 10% -sumando el accionariado de cónyuge e hijos menores- en empresas de obras, servicios o suministros concertadas con el sector público estatal, autonómico o local. Esther Díaz habría dejado en blanco esta casilla al entender, argumentó, que su empresa no «concierta directamente con el sector público».

UPyD considera «grave» que la ex consejera hubiera ocultado esta información en su declaración de posibles incompatibilidades ya que, defiende Ignacio Prendes, se trata de un registro que va más allá que la declaración de bienes porque obliga a los altos cargos no sólo a dar cuenta de su patrimonio, sino a informar de cualquier actividad, negocio, empresa o sociedad pública o privada que le pudiera proporcionar ingresos económicos. «Hay empresas del grupo Avance en las que no tiene participación directa y de las que, sin embargo, podría igualmente beneficiarse», observa. «La responsabilidad es personal», añade.

UPyD solicitará formalmente ante el Gobierno del Principado que haga públicos los registros de incompatibilidades de todos los altos cargos ya que, alega, la Ley 4/95 establece que esta información tiene carácter público, si bien esta misma normativa entiende que el registro de bienes tendrá carácter reservado y, sin embargo, se ha hecho público.