La oposición pide responsabilidades al presidente del Principado

Tras conocerse la decisión de la consejera de Bienestar Social de presentar su dimisión, los diputados de la oposición entendieron que no era a Esther Díaz a quien había que pedir más explicaciones de las que ya había dado voluntariamente, sino al máximo representante del Gobierno del Principado, Javier Fernández, quien durante toda esta semana ha mantenido silencio absoluto al respecto. Foro Asturias fue uno de los más críticos con el también secretario general de la FSA, llegando a considerarle «cómplice» de la incompatibilidad en la que habría incurrido Esther Díaz por mantenerla durante todo este tiempo al frente de la Consejería de Bienestar Social. Cristina Coto entiende que Díaz «nunca debió ocupar el cargo» y criticó al presidente por su «absoluta inacción» al respecto, y por no haber cesado a la consejera inmediatamente después de hacer pública su declaraciones de bienes.

A la consejera le pidió que deje a un lado las clases de derecho, ya que el «alquiler de maquinaria es una subcontratación, en toda tierra de garbanzos», y con su dimisión entiende que se pone fin a una «sucesión de incumplimientos legales» en una situación en la que «no falta legislación, la hay y abundante, pero se ha tomado por 'el pito del sereno'». Para Foro Asturias, el proyecto de ley de buen gobierno no es más que la última gota que colma el vaso. «Es sólo el episodio final», dijo Coto, quien, ante las críticas vertidas por Esther Díaz sobre una posible campaña de desprestigio instigada por su formación, le recordó que fue precisamente este grupo parlamentario el que actuó con mayor prudencia ante las informaciones conocidas durante la última semana en relación con su participación en la empresa Davelco y le aconsejó a la titular de Bienestar Social que «busque en fuego amigo».

El propio presidente de Foro Asturias manifestó, en rueda de prensa posterior, que la dimisión era la «única salida posible» que le quedaba a la consejera tras el examen de incompabilidades al que se ha visto sometida «a la luz de la legalidad vigente. Me sorprende el debate, porque no dejaba margen para opción distinta».

El diputado del PP Fernando Goñi sostuvo, tras escuchar las explicaciones de la consejera, que Díaz «se equivocó» al asumir un cargo político en el Principado de Asturias al tiempo que su empresa colaboraba en obras públicas lo que, en su opinión, «posiblemente podía estar en una causa de incompatibilidad». Goñi entiende que «algo ha fallado» y asume que son necesarios «mayores filtros» para que en el futuro no se repitan situaciones similares. «Alguien debía haber advertido que se estaba incurriendo en una causa de incompatibilidad. Nos preocupa que esto se repita de cara al futuro», dijo el popular, quien planteó la necesidad de crear una comisión del estatuto del diputado. Fue durante una comparecencia pública posterior cuando la también diputada popular Emma Ramos lamentó el «silencio» mantenido por el presidente del Principado ante esta situación.

También a Javier Fernández, a su silencio con respecto a estas informaciones aparecidas durante la última semana en EL COMERCIO y a sus clases de «ejemplaridad» ofrecidas en diferentes ponencias, se refirió ayer Aurelio Martín durante su intervención en la comisión convocada por la propia Esther Díaz para dar explicaciones sobre su actividad empresarial. El diputado de IU criticó a la consejera por utilizar el Parlamento como «desahogo» y por tratar de buscar una justificación jurídica, cuando lo que a ella le corresponde es una justificación política. Por ello, entiende Martín que sobran en el discurso de Díaz las interpretaciones realizadas sobre conceptos como «subcontratista» ya que, considera, tanto el objeto la legislación vigente como la voluntad con la que el Principado tramita el proyecto de ley del buen gobierno es la de «separar cada vez más los ámbitos empresariales y políticos» y aportar a la actuación de los altos cargos una mayor dosis de «ejemplaridad en el cumplimiento de sus funciones». Aurelio Martín entiende que no es comprensible que un alto cargo obtenga «beneficios indirectos» como consecuencia de decisiones que se toman en el departamento al que pertenece y entiende que Díaz «no tenía otra salida» que la dimisión.

Martín cree que el cambio de postura por parte de la consejera desde su primera reacción pública, cuando en rueda de prensa se mostró más segura de sí misma y no habló de la posibilidad de dimitir pese a las primeras informaciones publicadas por EL COMERCIO sobre la participación de su empresa en varias obras públicas, se debe precisamente a que IU pusiera sobre la mesa que se estaba incumpliendo el proyecto de ley de buen gobierno aprobado por el Ejecutivo regional, porque, aunque está en tramitación y no está en vigor, la hemos pillado en su «incoherencia». «No se puede avalar una cosa y hacer lo contrario», dijo.

Martín se mostró especialmente crítico por las acusaciones realizadas por la titular de Bienestar Social relativas a la existencia de ilegalidades en la consejería en los gobiernos anteriores, donde IU tuvo responsabilidades. Entiende que si Díaz sabía de esas ilegalidades tenía obligación de denunciarlas y avanzó que IU no dejará pasar esas afirmaciones. «Esto no va a quedar así», dijo Martín, quien criticó la «soberbia», el «autoritarismo» y la «mala gestión» de que ha hecho gala Esther Díaz en su mandato.

Ignacio Prendes, diputado de UPyD, considera que la sociedad asturiana ha sido testigo de «un ejercicio de hipocresía política por el hecho de que Esther Díaz ha tratado de presentar su dimisión como un ejercicio de altruismo político para no manchar el nombre del Gobierno, porque lo cierto es que se produce después de que la prensa asturiana haya descubierto que incumple la ley de incompatibilidades por mezclar su actividad privada con la pública», quiso aclarar el diputado. UPyD también fue especialmente crítico con el presidente del Gobierno, al que ha pedido que aclare si conocía las «incompatibilidades» de Esther Díaz. Por ello, la formación magenta considera fundamental que Javier Fernández se pronuncie públicamente al respecto. UPyD propondrá que, igual que se hacen públicas las declaraciones de bienes de los altos cargos del Principado de Asturias, «se hagan públicos también de forma inmediata los registros de actividades e intereses de los altos cargos». Un registro en el que, según reconoció la consejera a preguntas del diputado UPyD, ésta no habría dejado constancia de su participación en la empresa Davelco «porque consideraba que no lo tenía que reflejar».