Nueve portadas que explican una dimisión

«Una empresa de la consejera de Bienestar y su marido participó en grandes obras del Principado». Hace nueve días, EL COMERCIO llevaba a la portada una noticia que, a la postre, acabaría desencadenando la dimisión de Esther Díaz. Todo transcurrió en poco más de una semana, en la que la consejera ha pasado de dar muestras explícitas de su irritación por la información aparecida en este periódico a reconocer que podría haberse equivocado. De asegurar con gesto serio en rueda de prensa que no tenía por qué deshacerse de su participación en la compañía de su esposo, a anunciar su decisión de echarse a un lado para no perjudicar al Gobierno regional. Nueve días en los que la titular de Bienestar siempre ha defendido la legalidad de sus actos, pero los apoyos públicos de su partido han brillado por su ausencia. «No está la situación para ligerezas», reprochó cuando salió a la luz pública la polémica actividad empresarial que le ha costado el puesto.

El origen 9 de noviembre

Su actividad empresarial se convierte en noticia

EL COMERCIO informaba por primera vez de la participación de la consejera en Davelco, la empresa de la que Esther Díaz posee -según su declaración pública de bienes- el 19,8% del accionariado. Esta sociedad, de la que su esposo, David González Galán, es administrador solidario, se creó en 1992, un año después de que Díaz se afiliara al PSOE de Langreo. Davelco, según su razón social, se dedica a la «venta y alquiler de maquinaria, herramientas y vehículos para la construcción, obras públicas, minería e industria». El periódico también señaló que la compañía había participado -nunca por adjudicación directa, pero sí contratada por las empresas ganadoras de los concursos públicos- en importantes obras públicas, como la ampliación de los puertos de El Musel y Avilés, o el Palacio de Justicia de Gijón. También en proyectos como el campus de Mieres y su centro de investigación, el soterramiento de la línea de Feve en Langreo, el nuevo estadio Ganzábal o la construcción de la autovía Riaño-Sama.

El diario, además, se hizo eco de sus trabajos en una obra también inmersa en la polémica, la residencia para mayores La Minería del Montepío, en Felechosa. La adjudicación de este proyecto llevaba semanas bajo el foco mediático, debido a su adjudicación a una constructora de escasa entidad, Alcedo de los Caballeros. Davelco fue una de las empresas subcontratadas por el empresario Juan Antonio Fernández.

La vinculación de la consejera a Davelco ya había sido objeto de críticas de los grupos de la oposición durante su etapa como alcaldesa de Langreo, entre los años 2003 y 2012.

La reacción 10 de noviembre

«Mi participación es totalmente legal»

Muy enfadada, Díaz dio una rueda de prensa el mismo día en el que se publicó la primera información. Y en ella defendió la absoluta legalidad de su participación en Davelco. Confirmó punto por punto lo publicado, pero matizó que se trataba de hechos «sobradamente conocidos» que nunca había ocultado y que encajaban en un marco de total «legalidad, limpieza y transparencia». Airada, anunció su intención de acudir a petición propia a la Junta General para dar explicaciones a los grupos parlamentarios. Aunque lanzaba un aviso a navegantes: «No tengo por qué vender las acciones de una actividad de la que he participado desde su constitución, no tengo por qué esconder nada». Entendía, entonces, que su actitud no merecía reproche alguno y subrayó que si cabía «alguna duda» sobre su proceder el camino estaba «en los tribunales de justicia». En su opinión, todo respondía a un intento de «difundir sospechas» para deteriorar su imagen pública, «aprovechando la actual coyuntura de corrupción». Pero, en frente, la oposición ya instaba a Díaz a aclarar si había habido «tráfico de influencias».

Primeros detalles 11 de noviembre

Una obra de su propia consejería y dudas legales

A las pocas horas se supo que Davelco, contratada en esta ocasión por Los Álamos, trabaja en la obra del geriátrico de Riaño adjudicada por la Consejería de Bienestar, lo que caldeó aún más los ánimos. Desde la Administración regional sí se precisó en esta ocasión que la consejera no había participado en modo alguno en la adjudicación del proyecto, que correspondió a una mesa de contratación en la que ella no estaba presente.

Aún así, juristas de la región comenzaron a dudar de la legalidad de la actuación de Díaz. El catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde fue el primero en asegurar que, según su interpretación, su participación en Davelco «infringe la ley». El jurista sostuvo su argumento en la Ley asturiana 4/95 de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos del Principado, que prohíbe a los miembros del Consejo de Gobierno y otros altos cargos participar en empresas que tengan conciertos de obras con el sector público. Da igual, insistió, que la empresa realice sus trabajos por contratación directa o no: «Su participación en Davelco no debería superar el 10%».

Nuevo conflicto 12 de noviembre

Las exigencias de la Ley de Buen Gobierno

Ante las informaciones publicadas, los grupos de la oposición no tardaron en referirse a la Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades recientemente aprobada por el Ejecutivo regional y ahora en tramitación en la Junta. El texto impide a los altos cargos tener una participación superior al 10% en empresas que tengan relaciones con la administración, bien de forma directa o a través de subcontratas. Los grupos parlamentarios reclamaron explicaciones urgentes de la consejera, mientras desde Madrid el presidente autonómico, Javier Fernández, tal parecía que lanzaba un guante a Díaz: «No basta con ser legal», dijo en un discurso pronunciado en un encuentro sobre los retos de la democracia, antes de abundar que «no todo lo que puede hacer un político está recogido en el Derecho».

Mirada atrás 13 de noviembre

Obras en Langreo mientras era alcaldesa

EL COMERCIO recoge que Davelco participó en la construcción del nuevo estadio de Ganzábal, una obra adjudicada por el Ayuntamiento de Langreo en 2005, cuando Díaz era alcaldesa. La actuación fue concedida a Construcciones Saica por 2,6 millones y, para financiarla, la entonces regidora recurrió a un convenio urbanístico que incluía la cesión a la empresa adjudicataria de unos terrenos anexos al campo de fútbol para la construcción de dos bloques de viviendas, 112 pisos. Además, la empresa trabajó igualmente en otros proyectos municipales, como el de los Talleres del Conde, que fue encomendado a la empresa estatal Tragsa y cuyo presupuesto inicial rondaba los 8 millones. La actual alcaldesa de Langreo, María Fernández, paralizó en 2012 aquellos trabajos al no poder seguir adelantando fondos para la construcción del complejo tecnológico que, en el contexto de crisis, no consideró prioritario para el municipio.

Nueva empresa14 de noviembre

Contrato con Tragsa y falta de respaldo del Gobierno

Se da a conocer que Davelco consiguió un contrato de suministro con la empresa pública Tragsa, estando Díaz al frente de la Consejería de Bienestar Social. Y también que la empresa Aldaco, de la que Davelco tiene un 50% del accionariado y que al igual que ésta administra el marido de la consejera, consiguió en 2013 un contrato por parte de este grupo de capital íntegramente público que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El Gobierno regional eludió realizar cualquier tipo de comentario sobre la actuación de Díaz y se limitó a remitirse una y otra vez a la comparecencia que tuvo lugar ayer. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, se convertía así en el tercer alto cargo socialista, tras el propio jefe del Ejecutivo asturiano y el consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, en eludir pronunciarse al respecto. Ni un reproche. Ni un gesto de apoyo.

Falta de apoyo 15 de noviembre

La oposición reprocha al Gobierno su silencio

Los grupos de la oposición comienzan a cansarse del silencio del Ejecutivo y en los pasillos de la Junta, durante la celebración del Pleno, advierten de que este mutismo alimenta las dudas sobre la actuación de Díaz. Foro ve «contradicciones» en el PSOE al abordar este tipo de polémicas, IU pide un posicionamiento explícito al Gobierno y UPyD considera «extraña» su actitud. «Hay silencios que son atronadores», coincidían. Silencio también de la propia Díaz, que tras la rueda de prensa del domingo desapareció de los actos públicos de la agenda del Principado.

Mientras tanto, la lista de juristas que ponen en entredicho la continuidad de Díaz al frente de la Consejería de Bienestar Social crece. «Da exactamente igual que la contratación sea mediante una subcontrata o mediante un servicio como proveedor. Da igual el modelo de contrato, hay un evidente conflicto de intereses», resumía el catedrático de Derecho Civil Ramón Durán.

Las ramificaciones 16 de noviembre

El grupo empresarial que nació de la empresa de Díaz

EL COMERCIO desgranó el pasado domingo la composición de la organización empresarial que nació de Davelco y opera en toda España. Un año antes de que Díaz llegara a la alcaldía de Langreo fue constituida Aldaco 2002 S. L. Con David González como uno de sus dos administradores, está mayoritariamente participada por Davelco, propietaria de un 50% de las acciones. Con el mismo objeto social, permitió al incipiente grupo ampliar horizontes y dar entrada a nuevos socios sin arriesgar el control de la empresa familiar. Además, Davelco puede recibir el 50% de sus posibles dividendos y la consejera posee de forma indirecta algo menos del 10% de la propiedad. En 2004 nació Andamios Motorizados de Asturias, a través de la alianza de Aldaco y Fuyro. Y en 2005 surgió Noega Mantenimientos: David González no asumió la dirección, pero Aldaco 2002 es propietaria del 99,79% del accionariado. Juntas, las cinco empresas forman el grupo Avance y llegan a coincidir en varias obras públicas.

La víspera 17 de noviembre

Si ella no da el paso, los grupos se plantean pedir la dimisión

En un reproche cada vez más profundo y dirigiéndose ya directamente al presidente del Principado, Javier Fernández, los grupos parlamentarios piden al Gobierno regional que actúe. IU -como ya había hecho- insiste en que Díaz ha de abandonar el cargo y el resto de los grupos adelantan que tras escuchar a la consejera es más que probable que se unan a su petición de dimisión. No hizo falta. Esther Díaz dio el último paso.