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A. M.
Martes, 18 de noviembre 2014, 00:21
Esther Díaz ofreció ayer en la Cámara un repaso de la trayectoria de la empresa Davelco, constituida en 1992 y en la que su participación accionarial es del 19,8%, siendo su marido propietario del 25,2% de las acciones y administrador de la misma. Explicó que cuando accedió a la Alcaldía de Langreo, la empresa ya llevaba 11 años trabajando y estaba «plenamente consolidada», hasta el punto de que, en aquel año, Davelco había alcanzado ya el 80% aproximadamente de la facturación máxima que llegó a tener en el año 2007, de 1,7 millones de euros. Indicó que la compañía ha tenido un desarrollo similar al del resto de empresas del sector por lo que, como consecuencia de la crisis, su negocio ha ido reduciéndose considerablemente, hasta el punto de que lleva tres años acumulando pérdidas. Comentó además que los beneficios obtenidos en los años anteriores «no fueron repartidos a los accionistas» por lo que, subrayó, «no he tenido ningún ingreso adicional al de la actividad pública entre 2003 y 2010». Negó en este sentido que Davelco formara parte de un «entramado empresarial» creado ex profeso para actuar en el entorno de obras públicas millonarias, sino que se trata de «pequeñas empresas con volúmenes de negocio modestos, que no han experimentado crecimientos espectaculares, sino que han sufrido los avatares de la crisis, al igual que el resto de empresas del sector». No ocultó, eso sí, que Davelco llegó a facturar de las obras del geriátrico de Felechosa 70.959 euros, del soterramiento de Feve en Langreo 155.651 euros y de las obras de El Musel otros 123.604 euros. Sin embargo, es la participación de Davelco en la construcción de la residencia de Riaño, presupuestada en más de diez millones de euros, la que más podría comprometer a la consejera, ya que se trata de una actuación adjudicada por la Consejería de Bienestar Social siendo ella su máxima responsable. Esther Díaz se justificó diciendo que no participó en el proceso de contratación ya que fue responsabilidad directa del ERA (organismo autónomo dependiente de la Consejería) aunque no negó que su empresa, Davelco, facturó a la contratista principal 12.372 euros y otros 24.789 a la empresa subcontratista. En total, 37.161 euros.
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