El Gobierno se remite a comparecencia de Díaz para que explique su situación

El portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, ha eludido hoy referirse a la situación de la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, tras la petición de dimisión formulada por IU al conocerse participación que mantiene en una empresa administrada por su marido y se ha remitido a las explicaciones que ofrezca en su comparecencia parlamentaria.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Martínez ha señalado que, hasta entonces, el Gobierno no tiene "ninguna valoración" que hacer dado que la titular de Bienestar Social dará ante la Cámara las explicaciones oportunas de manera pública.

En este sentido, ha recordado que Díaz ha agilizado al máximo su comparecencia de forma que ésta pueda producirse, si lo autoriza la Mesa de la Junta, en la reunión de la Comisión de Presidencia del próximo lunes en vez de hacerlo ante la de Bienestar Social donde lo había solicitado inicialmente.

La consejera defendió el pasado domingo la legalidad, limpieza y transparencia de su participación accionarial en esta empresa, que ha participado como subcontratista en obras contratadas por la administración regional.

Díaz admitió que posee el 19,8 por ciento de la empresa y que trabajó en la misma antes de iniciar su carrera política primero como alcaldesa de Langreo y después como consejera.

La empresa, que se dedica al alquiler y venta de maquinaria, fue constituida en 1992 siendo su marido uno de los administradores de la misma y que los trabajos realizados por esta compañía son públicos.

Tras la petición de dimisión realizada por IU, la portavoz de Foro, Cristina Coto, emplazó además a Díaz a dar explicaciones sobre el conflicto de intereses que genera su participación accionarial en dicha empresa al haber sido subcontratada en una obra adjudicada por el departamento que dirige.

IU consideró que la continuidad de Díaz en el Gobierno es "incompatible" con el contenido del proyecto de ley de Buen Gobierno aprobado por el Ejecutivo regional, en fase de tramitación en la Cámara y que se aprobará previsblemente la próxima semana.

Dicho texto señala en su articulo 10 que el desempeño de un alto cargo es incompatible con disponer, por sí o con su cónyuge, una participación superior al diez por ciento en empresas que tengan contratos de cualquier naturaleza con el sector público autonómico, sean subcontratistas de estas compañías o reciban subvenciones provenientes de cualquier entidad del sector público.