El PP emplaza al Principado a publicar todos los datos de las subcontrataciones

El PP quiere ir un paso más allá en materia de transparencia en la contratación pública y defiende que el Gobierno regional dé publicidad a las subcontrataciones, indicando de forma expresa la identidad de los subcontratistas y el importe de cada contrato que se autoriza por esta vía. La propuesta cobra especial relevancia en el momento actual, en plena polémica por la gestión de la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, después de que EL COMERCIO publicase que su departamento adjudicó una obra, la residencia de mayores dependientes de Riaño, en la que trabaja como subcontrata Davelco, empresa de la que Díaz posee el 19,8% de su accionariado.

Una actuación que ha levantado una tremenda polvareda política en la medida en que vulnera la ley de buen gobierno aprobada el pasado marzo por el propio Ejecutivo regional, y que ahora está en la recta final de su tramitación en la Junta, lo que ha llevado a IU a exigir la dimisión de la consejera y al resto de los grupos a reclamar explicaciones urgentes. Además de eso, el PP mueve ficha con propuestas concretas. Una de ellas, centrada en lograr un mecanismo de contratación pública «más transparente», se debate mañana en el pleno de la Junta General y fue presentada ayer por la diputada Emma Ramos.

A su juicio, y en vista de escándalos recientes como el 'caso Renedo' o la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa, es evidente que «algo va mal» y que en el capítulo de la contratación pública es obligado aplicar «las más estrictas exigencias de control», garantizando un sistema más estricto y transparente. Con ese objetivo, los populares ponen sobre la mesa una batería de medidas.

La más relevante, por lo que tiene que ver con la polémica en torno a la consejera de Bienestar Social y Vivienda, es la que se centra en las subcontrataciones. El Partido Popular emplaza a darles publicidad, incorporando datos muy concretos. A saber, «la identidad de los subcontratistas y el importe y el porcentaje en volumen de cada contrato que ha sido subcontratado».

A ello se añadiría la publicación en el portal de transparencia de la administración regional, de forma trimestral, de la información relativa a todos los contratos públicos, «sin excepción», incluyendo los menores y detallando importes, plazos, objetivos... Igualmente se informaría de las modificaciones de esos contratos, el cambio de los plazos, las prórrogas o la firma de contratos complementarios.

La información de este periódico sobre la obra de la residencia de Riaño, adjudicada por Bienestar Social y en la que Davelco, empresa donde la consejera tiene un 19,8% de las acciones, trabaja como subcontrata, sigue generando opiniones de tipo legal. El catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde ya señaló el pasado lunes que, atendiendo a la actual ley de incompatibilidades de altos cargos, esa situación vulneraría la normativa. El proyecto aprobado por el Ejecutivo regional, que sustituirá al antes citado, y que está en tramitación parlamentaria, prohibe de forma expresa que los altos cargos posean más de un 10% de compañías que contraten o subcontraten con la administración. Y Foro añadió ayer que este proceder incumple la ley de contratos del sector público.

«La empresa -en referencia a Davelco- está incursa en una prohibición para contratar con el sector público autonómico», indicó la portavoz parlamentaria de la formación, Cristina Coto, porque las acciones que Díaz posee en la compañía «casi doblan» el 10% que esa ley establece como límite para ello.

«Que la participación de la empresa» en la obra de Riaño «haya sido como subcontratista no es una excusa», aduce Coto, que esgrime el artículo 227.5 de la ley de contratos del sector público como prueba. «En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar», señala el citado texto. Y Davelco, se explica desde Foro, lo estaría, atendiendo a que la presencia de Díaz en el accionariado es superior a ese 10%.

Esta situación lleva a Coto a emplazar a la titular de Bienestar Social a dar explicaciones claras en la Cámara. «Estas son las cuestiones que debe explicar, las de legalidad y de conflicto de intereses, más allá de escudarse en su 'honorabilidad personal', que no es asunto de esta Junta General», indica la portavoz en alusión a la justificación que el Gobierno aporta en la solicitud de comparecencia de Díaz.