Davelco trabajó en obras del Ayuntamiento de Langreo con Esther Díaz como alcaldesa

Davelco, la empresa en la que Esther Díaz posee el 19,8% del accionariado, participó en la construcción del nuevo estadio de Ganzábal, una obra adjudicada por el Ayuntamiento de Langreo en 2005, durante la etapa de Díaz como alcaldesa de este municipio. La actuación fue adjudicada a Construcciones Saica por 2,6 millones de euros y, para poder financiarla, el Gobierno que encabezaba Esther Díaz recurrió a un convenio urbanístico que incluía la cesión a la empresa adjudicataria de unos terrenos anexos al campo de fútbol para la construcción de dos bloques de viviendas, 112 pisos. De esta forma, a cambio de las plusvalías que resultaban de la edificación de estos edificios, Saica acometía la construcción del nuevo campo de fútbol.

Un ambicioso proyecto que se prolongó algo más de un año y en el que colaboró como subcontrata la empresa dedicada a la venta y alquiler de maquinaria propiedad de la entonces alcaldesa y su marido, tal y como aparece reflejado en la página web de la propia compañía.

La construcción del estadio de Ganzábal no es la única obra pública adjudicada por el Ayuntamiento de Langreo durante el mandato de Esther Díaz en la que su empresa resultó subcontratada. Davelco participó igualmente en otros proyectos municipales, como el de los Talleres del Conde, que fue encomendado a la empresa estatal Tragsa y cuyo presupuesto inicial rondaba los ocho millones. El proyecto estaba dividido en dos fases. La primera, la única que comenzó a ejecutarse, iba a ser financiada con 800.000 euros de fondos europeos Feder y 300.000 de aportación municipal, y se centraba en la rehabilitación de parte de las estructuras de las viejas naves para construir el primero de los cinco pabellones proyectados, destinado a albergar empresas tecnológicas. Con el dinero adelantado por el Ayuntamiento de Langreo, la empresa Tragsa, con el apoyo de Davelco, procedió a la limpieza de la finca, a la retirada de la cubierta de fibrocemento y a la rehabilitación de parte de una de las estructuras. Pero no llegó a levantarse el primero de los pabellones.

La actual alcaldesa de Langreo, María Fernández, paralizó en 2012 aquellos trabajos al no poder seguir adelantando fondos para la ejecución de los mismos y entender que, en el contexto de crisis, el complejo tecnológico no era prioritario para el municipio. Argumentó además para detener el que fuera uno de los proyectos estrella de su antecesora la incertidumbre que existía sobre los 6,5 millones que se esperaban de los fondos mineros para la segunda fase, que implicaba la construcción de los otros cuatro pabellones y de los accesos al recinto y que, tal y como se temía, el Ayuntamiento nunca llegó a recibir debido a los recortes por parte del Gobierno central. La decisión del Ejecutivo local causó «una grandísima pena» a Esther Díaz, según ella misma reconoció siendo ya consejera de Bienestar Social. «Luché muchísimo por este plan», declaró, al tiempo que responsabilizó de la paralización de la obra a la «falta de sensibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy» con las cuencas mineras. Lo cierto es que este proyecto siempre estuvo envuelto en polémica, desde el primer momento con la expropiación de los terrenos a Duro Felguera, hasta el final por los múltiples problemas de financiación que obligaron inicialmente al Ayuntamiento a adaptar la actuación a los recursos disponibles y finalmente a paralizarlos, lo que propició duras críticas por parte de la oposición, que recriminó «la mala gestión» del gobierno socialista.

La participación de la empresa Davelco siendo Esther Díaz alcaldesa de Langreo en grandes obras públicas adjudicadas tanto por el Ayuntamiento de Langreo como por parte del Gobierno del Principado -véase la ampliación de los puertos de El Musel y Avilés, el Hospital Central, o el Palacio de Justicia de Gijón, entre otras- se suma a la colaboración de la compañía en la construcción del centro para mayores dependientes de Riaño, que fuera adjudicada por la propia Consejería de Bienestar Social siendo Díaz su máxima responsable. Una actuación con la que la consejera habría vulnerado el proyecto ley de buen gobierno aprobado por el ejecutivo regional, que impide tener más del 10% en empresas que subcontraten con el sector público. IU ya ha pedido su dimisión «por ejemplaridad y coherencia» mientras PP, Foro y UPyD piden explicaciones urgentes.