La consejera registra la solicitud para comparecer en la Junta General

La solicitud de Esther Díaz para comparecer en la Junta General y dar explicaciones acerca de su relación con la empresa Davelco, de la que posee un 19,8% del accionariado, y de la actividad de esta en obras impulsadas por la administración, ya consta en el registro del Parlamento. Su trámite normal apunta a que la comparecencia se producirá la próxima semana, una vez que la Mesa, órgano rector de la Cámara, le dé el visto bueno. No obstante, no se descarta que pudieran acelerarse los plazos en vista de la exigencia de los grupos de que Díaz aporte sus argumentos cuando antes, algo que tanto la propia consejera como el Gobierno en su conjunto también desean.

Lo cierto es que en los pasillos de la Junta ayer no se hablaba de otra cosa. Y las sensaciones eran variadas. De crítica en el caso de IU, la formación más beligerante y la única que dio el paso de pedir la dimisión de la titular de Bienestar. De cautela, pero también de convicción de que el asunto es serio y que no puede pasar mucho tiempo sin que Díaz comparezca para dar explicaciones, en el resto de grupos. Y de visible inquietud en las filas socialistas, que ven como al escándalo de la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa se suma otro tema que es «delicado» y, además, toca de forma directa al Ejecutivo.

«Es para estar preocupados», confesaba en voz baja un cargo socialista, que admitía que el panorama que tienen por delante con vistas a las elecciones autonómicas de mayo de 2015 está muy lejos de ser un camino de rosas. Entre enero y marzo, cuando finaliza la legislatura y se abre la espita electoral, coincidirá el punto álgido de dos comisiones parlamentarias de investigación que constituyen sendos quebraderos de cabeza para el PSOE. La del 'caso Villa', primero, que amenaza con ser especialmente dura y tensa, y también la de la ampliación del puerto de El Musel. «Y ahora esto», añadía, pesaroso, el diputado.

Eran varios los parlamentarios de distintos partidos que recordaban en la mañana de ayer las palabras del presidente, Javier Fernández, en el pleno del pasado viernes, cuando aseguró que solo ponía la mano en el fuego por la «actitud» de su Gobierno en la lucha contra la corrupción. Todos, eso sí, matizaban que no identificaban la polémica que rodea a la consejera de Bienestar con esta lacra, pero incidían en que se trata de un asunto especialmente delicado de manejar para alguien que, como Fernández, se ha manejado siempre en sus discursos públicos con la 'tolerancia cero' como bandera política.

Fernández, que ayer participó en Madrid en un acto sobre calidad democrática, fue preguntado por EL COMERCIO por esta cuestión, pero no quiso hacer declaraciones. Tanto el PSOE como el Ejecutivo se remiten a la comparecencia parlamentaria de Esther Díaz.