La actuación de Esther Díaz vulnera la ley de buen gobierno aprobada por el Principado

Las nuevas informaciones avanzadas por EL COMERCIO sobre la actividad de Davelco, la empresa de la que la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, posee el 19,8% del accionariado, provocaron ayer que los grupos de la oposición moviesen ficha. Con especial contundencia lo hizo IU, cuyo portavoz, Aurelio Martín, emplazó a Díaz a dejar su puesto por «ejemplaridad y coherencia» en cumplimiento de la nueva ley de buen gobierno e incompatibilidades recientemente aprobada por el Ejecutivo y ahora en tramitación en la Junta General. En efecto, el texto impide a los altos cargos tener una participación superior al 10% en empresas que tengan relaciones con la administración, bien de forma directa o a través de subcontratas, como sería el caso. Sin ir tan lejos, también PP y UPyD creen que la posición de la consejera se ve comprometida y le instan a dar explicaciones «urgentes».

El proyecto se aprobó en marzo y está ahora en la recta final de la tramitación parlamentaria, después de haber recibido duras críticas tanto de los partidos de la oposición como de los expertos. No está, por tanto, aún en vigor, aunque IU sustenta su solicitud de dimisión de Esther Díaz en la necesidad de que actúe «en coherencia con lo que ella misma aprueba en los consejos de gobierno». Ella, por iniciativa propia, «debería abandonar la consejería», indicó Martín.

El artículo de la ley que regula esta cuestión, el diez, deja poco espacio a la duda. Establece que un alto cargo puede encargarse de la administración del patrimonio personal o familiar, pero no puede tener, «por sí o con su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad o hijos dependientes y personas tuteladas, participación superior a un diez por ciento en empresas que tengan suscritos conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público autonómico o bien que sean subcontratistas de tales empresas, o reciban subvenciones provenientes de cualquier entidad integrante de dicho sector público».

Por sí sola, Díaz ya posee el 19,8% de las acciones de Davelco, empresa de la que su marido es administrador. Según recoge la web de la compañía, ha participado, como subcontrata, en distintas obras impulsadas por la administración, caso del HUCA o la ampliación de El Musel. Hay un caso muy sensible, el centro para mayores dependientes de Riaño, que fue adjudicado por la propia Consejería de Bienestar Social siendo Díaz su responsable y en cuya construcción también participa como subcontrata Davelco. Hasta el momento la empresa, dedicada al alquiler de maquinaria, ha facturado a la adjudicataria, Los Álamos, algo más de 12.000 euros.

A expensas de su tramitación definitiva, la nueva ley es más precisa que la que va a sustituir, que data de 1995 y que no hace mención directa a las subcontratas. Pese a todo, el catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde ya precisó ayer en este periódico que, incluso atendiendo a la normativa aún vigente, la actuación de Díaz «infringe» la legalidad porque el espíritu de la misma es «evitar que se contrate a empresas vinculadas a altos cargos, da igual que se haga directamente o como subcontrata; si únicamente afectara a la contratación directa sería fácil cometer fraude».

Sin llegar a la contundencia de IU, el resto de grupos creen imprescindible que Esther Díaz dé explicaciones cuanto antes. «Hay incertidumbres que tiene que despejar», remarcó Ignacio Prendes, de UPyD. «Esto llama la atención, es necesario que acuda a la Junta ya», apostilló el popular Fernando Goñi.