El PSOE, abierto a negociar el endurecimiento de las incompatibilidades de los altos cargos

La presencia de Esther Díaz, consejera de Bienestar Social, en el accionariado de la empresa Davelco, dedicada al alquiler de maquinaria y que trabaja de forma frecuente para las administraciones como subcontrata, ha reactivado el debate sobre el conflicto de intereses entre lo público y lo privado. IU y UPyD, que llevan meses clamando por endurecer el régimen de incompatibilidades de los altos cargos para llenar el «vacío» actual, opinan que este episodio es la prueba más clara de que hay que actuar y emplazaron ayer al Gobierno regional a mover ficha, aprovechando que la Junta tramita en este momento sendas leyes -la de transparencia y la de buen gobierno- al respecto. El portavoz socialista, Fernando Lastra, recogió el guante y apuntó a la negociación de dichos proyectos como el «momento oportuno» para abordar el debate.

Tanto el proyecto de ley de buen gobierno e incompatibilidades como el de transparencia han recibido duros ataques en la primera fase de su tramitación. De la oposición, que considera que se quedan muy cortos, y de los expertos llamados a comparecer, que han puesto todo tipo de reproches. A partir de ahí, en la fase de enmiendas IU y UPyD han presentado una batería de correcciones que en parte están orientadas a regular con más detalle los posibles conflictos de intereses de los altos cargos.

«Es necesario, cada vez más, separar los intereses privados de las cuestiones políticas», indicó el portavoz de IU, Aurelio Martín, partidario de «establecer mayores incompatibilidades» para que exista una «diferenciación clara» entre los dos ámbitos. «Los niveles de exigencia ética deben ser máximos», apostilló, remarcando que cuando ambos terrenos se confunden -aclarando que no hacía una alusión directa a la situación de Díaz- es donde brota la corrupción. «Hay que deslindar lo privado de lo público», agregó desde UPyD Ignacio Prendes, que cree que la normativa actual «no regula bien» esta cuestión y que son necesarias mejoras.

El PSOE no cierra la puerta a esa posibilidad. Lastra opinó que la fase final de la tramitación de ambas leyes es el mejor momento para abordar la cuestión, teniendo en cuenta además que los socialistas necesitan apoyos para sacar adelante los proyectos después del aluvión de críticas recibidas durante las comparecencias. Preguntado por la polémica que rodea a Esther Díaz, Lastra optó por la cautela y destacó la «total transparencia» de la actividad de la titular de Bienestar Social. «Se sabe todo y el hecho de que no haya ninguna duda respecto de la declaración de intereses de la consejera es garantía para que la verdad se imponga», añadió.

PP y Foro esperan las prometidas explicaciones de Díaz en la Junta para mover ficha. Los primeros, a través de Luis Venta, sí pidieron que se aclare si ha habido «tráfico de influencias» y si Davelco «se ha beneficiado» de contrataciones públicas por el hecho de que Díaz forme parte de su accionariado. En cuanto a los segundos, Cristina Coto afeó a los socialistas la «irritación» con que abordan este asunto «cuando en el debate sobre el estado de la región solo se dedicaron a lanzar infundios contra Cascos».