«Mi interpretación es que infringe la ley»

«Mi interpretación es que infringe la ley». Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, entiende que la participación de la empresa en la que Esther Díaz tiene un 19,80% de las acciones en la construcción del Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores Dependientes de Riaño, en Langreo, vulnera la legalidad. El jurista sostiene su argumento en la Ley asturiana 4/95 de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos del Principado de Asturias, que prohíbe a los miembros del Consejo de Gobierno, y otros altos cargos, participar en empresas que tengan conciertos de obras con el sector público estatal, autonómico o local. Un reglamento que recoge como excepción aquellas actividades que se deriven «de la mera administración del patrimonio personal o familiar» pero que incluye como salvedad, matiza Villaverde, «el supuesto de participación superior al 10% entre el interesado, su cónyuge e hijos menores». La consejera supera este porcentaje de participación, incluso de forma individual, en la empresa Davelco -dedicada a la venta y alquiler de maquinaria, herramientas y vehículos para la construcción, obras públicas, minería e industria- de la que su marido, David González Galán, es administrador solidario. «Como consejera la legislación es clarísima, entre ella y su cónyuge no pueden tener el 10% de una empresa que ejecuta obras para la administración pública y da igual que sea la administración local, regional o estatal la que contrate», especifica el jurista. Villaverde entiende por este motivo «irrelevante» el hecho de que haya sido la propia Consejería de Bienestar Social que Esther Díaz preside la que haya firmado la adjudicación de la obra de la residencia de Riaño. «No sólo tendría que renunciar a las obras adjudicadas por la consejería que dirige, sino a las de cualquier sector público. La restricción va mucho más allá», advierte Villaverde, quien comenta que él, como catedrático de Derecho Constitucional, hubiera aconsejado a la titular de Bienestar Social que renunciara a sus acciones cuando asumió el cargo de consejera, en mayo de 2012. Incluso, comparó este caso al de Miguel Arias Cañete, quien se vio obligado a deshacerse de sus participaciones en varias empresas por exigencia de las instituciones europeas para asumir el cargo de comisario de Clima y Energía en la Comisión Europea.

También considera Villaverde poco significativo el hecho de que la empresa Davelco no haya sido adjudicataria directa en la obra de la residencia, puesto que entiende que «el texto de la ley del Principado es suficientemente genérico y está claro que su finalidad es evitar que se contrate a empresas vinculadas a altos cargos, que da igual que se haga directamente o como subcontrata, porque si únicamente afectara a la contratación directa, sería fácil cometer fraude», argumenta.

Cuestión diferente son las obras adjudicadas por el Gobierno regional a la empresa Davelco siendo Esther Díaz alcaldesa de Langreo, ya que en este caso no estaría considerada un alto cargo del Principado y las incompatibilidades de su actividad empresarial estarían reguladas por la Ley de Contratos del Sector Público. En este caso sólo se vería afectada por las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Langreo.