La consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, ayer, en un momento de su comparecencia.

«Mi participación es totalmente legal»

Esther Díaz comparecerá a petición propia en la Junta General para dar explicaciones sobre la actividad de la empresa de la que es accionista en grandes obras públicas

ANDRÉS SUÁREZ

Lunes, 10 de noviembre 2014, 00:36

«La situación no está para ligerezas». Esther Díaz, rostro serio, visiblemente irritada, dejó caer esta frase antes siquiera de abrir el micrófono y comparecer en la sala de prensa de la Consejería de Bienestar Social, en una convocatoria de urgencia, para explicarse después de que EL COMERCIO avanzara ayer que una empresa, Davelco, cuya propiedad comparte con su marido, ha participado en un buen número de grandes obras públicas del Principado. Díaz confirmó en todos sus extremos la información pero matizó que se trata de hechos «sobradamente conocidos» que ella nunca ha ocultado, y señaló que su papel ha estado siempre marcado por la «total legalidad, limpieza y transparencia». Anunció además su intención de acudir a petición propia a la Junta General para dar explicaciones a los grupos parlamentarios.

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Esas primeras palabras de la titular de Bienestar Social auguraban una comparecencia tensa y así fue. Díaz confirmó los datos recogidos en este periódico sobre su relación con Davelco y la actividad que esta desarrolla. A saber, que posee un 19% de las acciones de la compañía que administra su cónyuge -«nunca he participado en la gestión», afirmó- y que la empresa ha participado, no a través de adjudicación directa pero sí subcontratada por las empresas ganadoras de los concursos públicos, en varias de las grandes obras impulsadas por el Gobierno regional en estos años. Entre ellas la residencia del Montepío en Felechosa, la ampliación de El Musel, el nuevo HUCA, la autovía Riaño-Sama, el campus de Mieres o el soterramiento de Feve en Langreo. El matiz que añadió es que se trata de datos que, a su juicio, «son conocidos desde hace años» al estar recogidos tanto en sus declaraciones de bienes, en el caso de su participación en el accionariado de Davelco, como en la página web de la empresa, en el caso de los proyectos en que esta ha colaborado.

Díaz, que fue elevando el tono a medida que evolucionaba la comparecencia ante los medios, desgranó los datos relativos a su participación en Davelco con ese 19,8% del accionariado. Indicó que la empresa, dedicada a la venta y alquiler de maquinaria, herramientas y vehículos para la construcción y las obras públicas, se constituyó en 1992. Apuntó que no realiza obras para administraciones públicas sino que es una auxiliar que presta servicios a contratistas o subcontratistas. Remarcó que ella «nunca» ha participado en su gestión y que el administrador es su marido, que lleva trabajando en el ramo desde 1987, cuando ella no tenía relación con la política, y con el que se casó en 1991 en régimen de separación de bienes. Su papel en relación con esta sociedad, apostilló, ha sido siempre «legal, limpio y transparente». Durante los años en que ejerció como abogada, relató por último, sí gestionó sus asuntos judiciales.

La consejera, que presumió de que su presencia en el accionariado de Davelco consta tanto ahora en su declaración de bienes en la web del Principado como antes en el Ayuntamiento de Langreo, en su etapa de alcaldesa, y en su blog personal, se mostró molesta al ser preguntada por este periódico por las críticas que desde un punto de vista ético, al margen de la cuestión legal, pudiera merecer su proceder por parte de los grupos de la oposición o de la ciudadanía, o por la posibilidad de que, al llegar al Gobierno regional, se hubiera planteado desprenderse de esos títulos.

Vida política y profesional

«No tengo por qué vender las acciones de una actividad de la que he participado desde su constitución, no tengo por qué esconder nada», replicó la responsable regional de las políticas sociales y de vivienda, señalando que, en el momento en que abandone la política «tendré que desarrollar mi actividad profesional».

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Entendió la consejera que su actitud no merece reproche alguno y subrayó que si «cabe alguna duda» sobre su proceder «el camino está en los tribunales de justicia». A su juicio, una cosa es la «lógica crítica política» y otra diferente, «difundir sospechas para deteriorar la imagen de los cargos públicos». Observa Esther Díaz un intento de «desprestigiar mi labor aprovechando la actual coyuntura de corrupción».

A expensas de su comparecencia en la Junta General, que pedirá a petición propia en un movimiento táctico para anticiparse al requerimiento que ya ayer por la mañana estudiaban algunos grupos de la oposición, Esther Díaz dijo estar dispuesta a «dar la cara, como he hecho siempre», en defensa de su labor. «¡Ya está bien!», murmuró por último, ya abandonando la sala de prensa de la consejería, entre la sorpresa de los allí presentes.

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