La oposición pide información e insta a la consejera a aclarar si hubo «tráfico de influencias»

Si Esther Díaz, en un claro movimiento estratégico, no hubiera anunciado que comparecerá a petición propia en la Junta General para explicar su relación con Davelco y las obras públicas en que esta empresa ha participado, los grupos de la oposición hubieran formulado esa solicitud de inmediato. A expensas de escuchar sus argumentos, los partidos tienen dudas que creen que la consejera de Bienestar Social debe aclarar con prontitud. PP e IU son los más contundentes. Los populares instan a precisar si ha existido «tráfico de influencias» para conceder a la compañía alguno de los trabajos que ha ejecutado. La coalición pide al Gobierno regional información sobre las posibles relaciones contractuales entre Davelco y la administración.

Con todo, los grupos quieren escuchar de primera mano los argumentos de Esther Díaz, poseedora del 19% de las acciones de una empresa que administra su marido, antes de posicionarse con mayor precisión. Cristina Coto, portavoz de Foro, principal grupo de la oposición, afirma que a partir de esas explicaciones su partido moverá ficha y planteará las preguntas pertinentes. Coto sí recuerda que este asunto ya fue objeto de debate en Langreo, cuando la ahora titular de Bienestar Social y Vivienda ocupaba el cargo de alcaldesa.

En el Partido Popular, mientras, se alude a la existencia de grandes dudas sobre la actuación de la consejera en este tema. Sin cuestionar la legalidad de que Díaz posea acciones de la empresa, los populares, a través de su vicesecretario de Organización, Luis Venta, se preguntan si en el hecho de que Davelco haya participado en buena parte de las grandes obras públicas en Asturias en los últimos años ha tenido que ver algún «tráfico de influencias». Interrogantes que la consejera «tiene que despejar», añade el diputado, que recuerda que algunos de los proyectos en cuestión, y singularmente dos, el geriátrico de Felechosa y la ampliación de El Musel, son «conflictivos» y son objeto de investigación parlamentaria en sendas comisiones recientemente abiertas en la Junta General.

Ámbito público y privado

Desde IU, Aurelio Martín sitúa el debate no ya en el plano legal, sino en el ético. En un momento como el actual, reflexiona el portavoz, «es necesario que por encima de las cuestiones legales haya un nivel de exigencia ética máximo». Hace, en este punto, una referencia directa al escándalo que en estos días protagoniza el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, que presuntamente habría costeado en el pasado viajes privados con fondos públicos en su condición de senador. «Será legal, pero no es ético», dice.

Opina Martín que es urgente deslindar con claridad el ámbito de la actividad pública del negocio privado. Porque entiende que es en la fusión de ambos terrenos donde brota la corrupción, dejando claro, eso sí, que en modo alguno vincula a la consejera de Bienestar con este fenómeno. Los dos espacios, el público y el privado, deben estar nítidamente separados, sentencia.

Por ahí también avanza la reflexión de Ignacio Prendes. El diputado de UPyD indica que hay una «laguna» en la regulación sobre los conflictos de intereses de los altos cargos que convendría rellenar a la mayor brevedad posible para evitar potenciales problemas. A su juicio, las actuales leyes de transparencia y de buen gobierno e incompatibilidades son el escenario idóneo en el que corregir estas anomalías.