El Ayuntamiento de Oviedo readmite a los trabajadores del cibercentro de La Lila

La semana pasada los Juzgados de lo Social de Oviedo fallaron a favor de los empleados y obligaban en sus sentencias bien a indemnizarles con cantidades entre 20.000 y 25.000 euros, bien a readmitirlos como personal laboral no fijo en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal, como finalmente ha sucedido.

Un informe de Secretaría abogaba por no recurrir las sentencias y clausurar el servicio, indemnizando a los trabajadores. Pero pesó más para el equipo de gobierno otro informe del área de Personal que abría la puerta a subrogar el servicio. Se adujo así la idoneidad de que el Ayuntamiento promocione el conocimiento de la nuevas tecnologías entre la población no nativa digital, mediante los cursos que se ofrecen en el Cibercentro.

Otros argumentos del informe fueron que «presta un servicio básico y esencial de la entidad local», para el Ayuntamiento, «para la comunidad». La plantilla municipal ha pasado de los 150 trabajadores indefinidos no fijos, cuando el actual equipo asumió el gobierno municipal, a 330. Pueden ser más. Tras subrogar a los cuatro de La Lila, quedan pendientes si otras sentencias judiciales, la única vía para contratar de esta manera, obligan a integrar al personal de El Asturcón o el de la SOF.

Funcionando desde 2003, el año pasado Intervención puso reparos en el convenio que existía entre el Ayuntamiento y la Asociación Amigos de Internet para la gestión de las actividades del Cibercentro. Para subsanar esos reparos licitó un contrato a cuatro años en los que obligaba de mano a subrogar a los trabajadores. Aquello quedó en nada porque la única empresa que se presentó, no quiso firmar el contrato al no ver beneficio económico más allá de que se pagaba el salario de los empleados. Al verse sin trabajo, los trabajadores, con quince años de antigüedad en el puesto, demandaron al Ayuntamiento.

En contacto con EL COMERCIO, el abogado de los trabajadores, Federico Fernández Álvarez-Recalde, entendía que la postura que el Ayuntamiento había mantenido con otras actividades subrogadas era la única que podía seguir en el caso de La Lila. «El éxito con la subrogación del personal de la oficina de Recaudación, de la que se cumple un año, indica que remunicipalizar servicios no tiene por qué ser malo y estamos en un caso similar», explicó antes de advertir de que incorporar a sus defendidos «no supone perjudicar a una futura oferta pública de plazas porque no son funcionarios».