Taboada señala a los técnicos municipales tras los últimos reveses judiciales

Preguntada por la anulación de la ordenanza de medio ambiente, evitó precisar si el Ayuntamiento recurrirá al Supremo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pero sí recalcó que «este Ayuntamiento tiene los mismos técnicos que tenía con el anterior gobierno que llevaba 24 años , y eso es sintomático».

La vicealcaldesa ni puso nombres ni llevó su denuncia más allá: «Yo lo que reitero es que este Ayuntamiento tiene los mismos técnicos que tenía con el PP. La ordenanza se llevó a Pleno y fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos sin que nadie hiciera alusión a ningún tipo de memoria técnica o económica», expuso, en referencia al motivo esgrimido por el TSJA para declararla nula: la falta de la memoria económica que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Eso sí, dejó un mensaje en clave interna, un aviso a sus socios de dónde cree que pueden estar las causas de los problemas legales del Consistorio. «Nosotros contamos con los mismos técnicos que estaban antes y las dinámicas son las que son, son cosas en las que habría que profundizar», declaró. Somos defiende desde el inicio del mandato la contratación de directores generales para coordinar y controlar las distintas áreas, una opción a la que se oponen sus socios de gobierno.

La sentencia está pendiente de una valoración desde Abogacía Consistorial. Fuentes municipales, sin embargo, apuntaron que es poco probable que un recurso en casación prospere ante el Supremo. Ante este escenario, la concejala señaló que en función de ese informe de Abogacía se tomará la decisión de recurrir o no, y, «en ese caso, lo que haríamos sería volver a iniciar el proceso con lo mismo, más lo que se necesite a nivel formal» para su tramitación.

En cualquier caso, defendió la implicación y el trabajo de «este equipo de gobierno, muy preocupado por el medioambiente y la salud de los vecinos del concejo» y aseguró que «seguiremos peleando para que esta ordenanza se cumpla y se lleve a cabo de una manera o de otra».

La líder de Somos también criticó a la patronal de la construcción, cuyo recurso llevó a la anulación de la norma, porque «nosotros queremos que se cumpla con el medio ambiente y a estas empresas, que tienen intereses privados y que no benefician a la salud de la ciudadanía, pues lo sentimos: pero por cuestiones formales no van a impedir que continuemos en nuestro empeño».

El recurso de la CAC-Asprocon pedía la anulación de la ordenanza al entender que invadía competencias autonómicas y estatales, con una redacción confusa que vulneraba la seguridad jurídica. A los empresarios les inquietaba varios artículos en los que el Ayuntamiento se arrogaba la inspección y vigilancia de las emisiones a la atmósfera de las empresas. Precisamente, la falta de memoria acerca de cuánto costaría esos vigilantes dio pie a la anulación.