Taboada matiza a instancias de IU y PSOE las conclusiones de la comisión Aquagest

Pero es de los pocos que no se matiza o suaviza. Las alusiones personales o el relato de los hechos que vinculaba directamente el regreso de Caunedo de uno de los viajes «turísticos» que «le habría financiado» la empresa con el cambio de criterio del interventor se quedan ahora en que el habilitado nacional opta por devolver el aval, «en todo caso, tras uno de los viajes» del líder del PP sometidos a «instrucción penal». Y los «indicios muy fundados» de que fueron «dádivas» y «gastos de viaje» los que motivaron el cambio de criterio se quedan ahora en que a la espera «de su calificación judicial», generan una «apariencia de connivencia»

También se añaden esas cosas bienintencionadas que hacen las comisiones de investigación y que se echaban en falta en el primer documento. La nueva versión incluye una referencia a la falta de control municipal sobre el contrato con la empresa, que, bajo el nombre de Gestión de Ingresos, cobraba los impuestos y multas municipales por entonces, y hace votos «por adoptar las medidas precisas» en un «futuro» para mejorar este seguimiento.

En realidad, la comisión de investigación no salió muy lucida. Solo comparecieron ante la misma seis de las diecisiete personas a las que se aprobó citar. En la nómina faltaron, por ejemplo, el interventor municipal, José Luis González Díaz, o los responsables de la empresa. Tampoco se pudo tener acceso a la declaración del interventor ante el Juzgado Número 1 de Lugo, donde está investigado, junto a Caunedo, por presuntamente favorecer a la empresa.

El dictamen mantiene que, «con independencia del pertinente reproche técnico sobre la actuación de los funcionarios intervinientes y los efectos disciplinarios o judiciales que se pudieran, en su caso, derivar», el responsable político es Caunedo, pero el dinero, un daño que se estima en 166.000, se le apunta al habilitado.

Y es que Aquagest y el Ayuntamiento terminaron su vinculación contractual de mala manera. Cuando la empresa solicitó que se le devolvieran el aval (240.000 euros) y otras garantías (600.000 euros más), el Ayuntamiento con informes del interventor respondió que no procedía y que, además, la empresa debía 166.000 euros por haber incumplido las mejoras.

La empresa acudió a los tribunales y, en primera instancia, la razón cayó del lado del Ayuntamiento. Sin embargo, en febrero de 2009, sin que nadie se lo ordenase, autorizase ni informase en este sentido, el interventor propuso un acuerdo con la empresa para devolverle el dinero a cambio de que esta renunciase a recurrir la sentencia. Aún no ha dicho por qué.