Somos e IU solicitan una auditoría externa para revisar los contratos de Seguridad Ciudadana

Fue el pasado agosto cuando la junta de gobierno local ordenó la fiscalización de todos los contratos de la Policía Local y Bomberos desde el año 2008, ante las sospechas de que la 'trama Enredadera', relacionada con amaños de licitaciones en materia de Seguridad, podría haber enraizado en el Ayuntamiento mucho antes del periodo investigado por el juzgado de instrucción número dos de Badalona. Sin embargo, como ayer desveló este diario, los funcionarios municipales responsables de controlar las adjudicaciones se niegan a hacerlo. Creen que la junta de gobierno no tiene competencia para ordenar tal cosa y plantean serias dudas acerca de la capacidad del Consistorio de incorporar más de 200 expedientes al trabajo ordinario de Intervención.

Por ello, Somos e Izquierda Unida, por separado, coincidieron ayer en avanzar que propondrán una auditoría externa para revisar los pliegos de adjudicación. El PSOE, por su parte, se ratificó en su postura de facilitar cualquier tipo de investigación advirtiendo de que el acuerdo para hacerlo lo tiene que tomar, en último término, la junta de gobierno. Un acuerdo al que, presumiblemente, se llegará el próximo viernes.

Una de las razones esgrimidas por el interventor y su adjunto para renegar de la orden fue el gran volumen de los contratos requeridos. Los que están en formato digital, desde el año 2011, son 112. Los anteriores, en papel, calculan que sumarían otra centena. «Habida cuenta de que los interventores plantean que tardarían años en realizar el trabajo, entendemos que habrá que recurrir a la contratación de un servicio externo que auxilie al Ayuntamiento», explicó ayer la vicealcaldesa Ana Taboada.

Las razones para contratar un auditor de fuera de la casa, aparte del tiempo y los esfuerzos a invertir, son dos. Por un lado, «despejar cualquier sospecha sobre la gestión de las áreas implicadas». Por otro, cumplir con la función de auxilio a la justicia una vez que el procedimiento sigue su curso en el juzgado de Badalona y el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para personarse en la causa. «Debemos contribuir a facilitar toda la información posible para esclarecer los hechos», agregó la líder de Somos.

De igual modo, desde Izquierda Unida, el concejal Iván Álvarez, adelantó que «vamos a estudiar al detalle con el servicio jurídico el informe de Intervención». «Si la fiscalización de los contratos no se puede hacer con medios propios, la apuesta de mi organización es hacerla con medios externos», añadió Álvarez al referirse a una auditoría externa para cumplir «lo acordado en junta de gobierno».

En la réplica de Intervención a Alcaldía, que fue quien dio la orden, también se alude al control financiero de los contratos como una de las razones para negarse a fiscalizarlos. No es eso lo que preocupa sino el paso previo a la formalización de la adjudicación y los temores de que los pliegos se dirigieran para favorecer a las empresas implicadas en la trama u otras anteriores.

Con la principal empresa investigada en la trama, Aplicaciones Gespol, el Ayuntamiento tiene contratado el software de las PDA de los agentes. A Integración de Servicios Administrativos, que también aparece en las escuchas de la UDEF, se le adquirió el radar móvil de la Policía Local. Las referencias a pliegos («ya los he visto» o «la próxima vez que vayamos a Oviedo lo hacemos con papel y lápiz», se escucha a los conseguidores de la trama) son frecuentes en el sumario de la investigación. Aluvisa, la actual adjudicataria del mantenimiento de la red semafórica, también es motivo de discusión entre José Manuel López, exjefe de la Policía Local y Ángel Luis García, 'El Patatero'.