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El nuevo campus B de la Universidad de Oviedo en los terrenos del viejo HUCA deberá estar listo en 2030, lo pagará el Gobierno del Principado de Asturias y permitirá, de paso -gracias al traslado de Formación del Profesorado y Ciencias desde Llamaquique a El ... Cristo-, reagrupar los juzgados dispersos en torno al Palacio de Justicia, en esos espacios que resulten vacíos tras la «mudanza» universitaria. La institución académica ocupará, previa remodelación financiada por el Ejecutivo autonómico, algunos de los bienes propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social en la antigua ciudad sanitaria tales como Maternidad, Consultas Externas y Silicosis. Para ello, eso sí, debe solicitar la cesión de dichos edificios, bajo el paraguas de la nueva ley de adscripción de inmuebles de la Tesorería a otras administraciones o entidades públicas. Sí, la Universidad, no el Principado.
Así lo explican fuentes del ministerio que dirige José Luis Escrivá a este diario, quienes ven con buenos ojos el proyecto del Gobierno regional y la institución académica para crear un nuevo campus en la zona sur de la ciudad. «La Tesorería General de la Seguridad Social valora de forma positiva cualquier iniciativa que permita poner en valor su patrimonio vacío y sin uso y maximizar la disposición y utilización de los inmuebles que forman su patrimonio», advierten.
¿Qué? La Universidad es quien deberá solicitar la cesión de los edificios del viejo HUCA propiedad de la Tesorería.
¿Por qué? El ministerio deja claro que es ámbito competencial de la institución académica y no del Principado.
El proyecto El Gobierno regional y la Universidad pretenden crear un nuevo campus B en los terrenos de El Cristo.
El traslado Formación del Profesorado y Ciencias se mudarán de Llamaquique, dejando espacio para juzgados.
También dejan claro que «la solicitud de adscripción de esos edificios debe ser formulada por la Universidad de Oviedo, ya que el objeto del proyecto está dentro del ámbito competencial de la Universidad y, además, está previsto reglamentariamente que las administraciones públicas sean beneficiarias de la adscripción», según dicha ley. Algo que, a priori, no debería suponer ninguna complicación, pues el rector, Ignacio Villaverde, ha apoyado el proyecto para la creación del nuevo campus B desde el inicio.
Un nuevo marco normativo que vio la luz algo menos de medio año y que permite, de una forma más o menos sencilla y ágil, desenquistar uno de los problemas urbanísticos más acuciantes de Oviedo en la última década. El Consejo de Ministros dio luz verde en enero a la modificación del decreto sobre el patrimonio de la Seguridad Social para simplificar y facilitar la adscripción de sus inmuebles que no están siendo utilizados a otras administraciones interesadas en su uso.
Simplificado con creces. El formulario diseñado por el Ministerio de Inclusión tiene apenas una página y propone un nuevo procedimiento en siete fases, tal y como adelantó EL COMERCIO. ¿Qué debe hacer la Universidad? Deberá dirigirse al departamento aún en manos de José Luis Escrivá a través de la Dirección Provincial de la TGSS con sendos documentos que incluyan la identificación de los bienes inmuebles objeto de la solicitud -Maternidad, Silicosis y Consultas Externas-, motivando las causas que avalen la petición mediante una memoria justificativa y, por último, precisando el plazo de duración de la adscripción.
Tras presentar su solicitud, la Tesorería comprobará y verificará la disponibilidad de esos tres inmuebles, y se remitirá el expediente y el borrador del acuerdo de adscripción al ministerio para su firma. Después, se notificará a la Administración regional el contenido y se podrá formalizar, al fin, la cesión de los edificios mediante acta de entrega y la debida toma de razón en el Registro de la Propiedad. La administración que los reciba será la que se haga cargo de los gastos de registro y, en todo caso, la titular de los bienes continuará siendo la Tesorería.
Atrás queda, por tanto, la ambiciosa propuesta de transformación integral que se había puesto sobre la mesa con el proyecto «Hucamp! La campa de todos» para la transformación del ámbito en una suerte de polo multiusos con mezcla de residencial, dotacional y con nuevos espacios urbanos. Tras varios años de negociaciones -entre el Principado, como propietario de una parte de los terrenos; o el Ayuntamiento, como administración encargada de la tramitación urbanística-, el Ministerio del Interior y la Tesorería -propietarios del resto- se descolgaron. «Desconocemos los motivos que hicieron que el anterior proyecto no prosperara, ya que este fue liderado por otras administraciones públicas», aclaran las mismas fuentes ministeriales.
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