«La saturación en Atención Primaria puede ser un escollo para la aplicación de la ley»

La leonesa dejó grabado su último testimonio en vídeo para remover conciencias y dejar claro que sus dos acompañantes no habían tenido nada que ver con su muerte. Ayer, la presidenta de Derecho a Morir Dignamente en Asturias, Fernanda del Castillo, manifestó sobre su caso a EL COMERCIO que «desde la organización no realizamos ningún tipo de acompañamiento en casos de este tipo ni alguna otra actividad que pueda resultar ilegal». Así que su explicación sobre lo sucedido es que, «en el seno de esta organización, hay personas que terminan generando relaciones humanas normales entre unas y otras» y que «pueden decidir hacer lo que ellos quieran».

Lo que sí aseguró Del Castillo es que esta muerte «tiene que servir de llamada de atención para recordar que hay mucha gente padeciendo un sufrimiento enorme y que en este tema (el de la aplicación de la ley de eutanasia) se tienen que cumplir los plazos», sentenció.

Porque, en opinión de la presidenta de DMD, tan importante como propia la entrada en vigor de la ley es el reto de lograr que su aplicación sea lo más rigurosa y eficiente posible, que las personas no tengan que recurrir a la eutanasia por sus propios medios. Un camino en el que, aunque con un ligero retraso, Asturias ha empezado a hacer los deberes.

Así, el Principado publicaba hace unos días el decreto por el que se crea y regula la Comisión de Garantía y Evaluación, cuyos miembros ya han sido también designados por el consejero de Salud por un periodo de cuatro años y que podrán ser reelegidos una sola vez.

Once personas cuyo papel será capital en la aplicación de la norma, ya que deberán «verificar si concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir». Un proceso que se inicia una vez que el paciente cuenta con la aquiescencia de su médico, quien, a su vez, debe pedir la opinión de un facultativo consultivo. Y, después, entra en juego la Comisión, que está formada por cuatro profesionales de la medicina, tres juristas, dos enfermeras, una trabajadora social y una psicóloga. Un equipo que, en caso de producirse alguna baja, también cuenta con seis suplentes.

Y, junto a la Comisión, se creaba y regulaba el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia del Sespa. Al respecto, Del Castillo recuerda que «en otras comunidades ya está habiendo problemas serios, tanto por parte de la Administración como de los objetores. Aunque aquí, de momento, no nos consta», aclaró. «En Asturias, lo que hay es una enorme presión asistencial en Atención Primaria, la puerta de acceso al proceso, que puede ser un obstáculo para la aplicación de la ley. Así que o intentan aliviar eso o sería muy triste y muy fuerte que un médico y una enfermera que, a lo mejor, han llevado a una persona a lo largo de toda su vida, en el último momento la abandonasen a su suerte porque tengan sobrecarga asistencial. Espero que no se dé, pero, ciertamente, es un escollo».