RAFAEL FRANCÉS
OVIEDO.
Jueves, 31 de marzo 2022, 00:55
«No nos vamos a esconder porque nunca nos escondemos. Confiamos en la administración de Justicia». Así se expresó ayer el concejal del PSOE Ricardo Fernández al respecto del inminente juicio al que se enfrentará la semana que viene junto a los ediles del anterior ... tripartito por un presunto delito de prevaricación en la instalación del Mercado de Gascona. Junto a él se sentará en el banquillo el exalcalde de Oviedo, Wenceslao López, y todo su equipo de gobierno (formado por concejales de PSOE, Somos e IU). La primera jornada de la vista se celebrará el próximo 5 de abril en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
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La portavoz de Somos, Ana Taboada, anunció que «acudiremos a declarar con confianza en haber seguido los trámites para aprobar el Mercáu de la Gascuña de conformidad con los informes técnicos necesarios, tal y como se venía haciendo desde hace años, incluso con gobiernos populares. También queremos recordar que esta denuncia se archivó en al menos dos ocasiones», aclaró la ex vicealcaldesa.
La Fiscalía solicita 9 de años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el ex regidor y nueve concejales, todos ellos miembros de la junta de gobierno de 2015 a 2019. El Ministerio Fiscal sostiene que, en la sesión ordinaria de la junta de gobierno local celebrada el 2 de marzo de 2018, los acusados, por unanimidad, acordaron autorizar a la Asociación de Hosteleros de Gascona la ocupación de la vía pública para la celebración del llamado 'Mercáu de la Gascuña', en el Bulevar de la Sidra, el primer domingo de cada mes. Los acusados, según la Fiscalía, «concedieron la autorización pese a que era contraria» a las ordenanzas municipales que regulan la ocupación del espacio público y la venta ambulante. Señala, además, que los encausados tomaron esta decisión «atendiendo a su mera voluntad personal con pleno conocimiento de actuar al margen de la legalidad y en contra de los informes técnicos que figuraban en el expediente administrativo».
Todos ellos, «contrarios a la autorización, sin motivar mínimamente la razón que les llevaba a concederla y sin otro fundamento que el designio inevitable de los acusados de autorizar a toda costa el evento, comprometiendo con ello seriamente los intereses de terceros, incluso la seguridad pública», advierte, tajante, el escrito del fiscal.
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