«El protocolo de La Vega es un ejercicio de sensatez para recuperar un agujero negro»

El representa regional dejó claros otros asuntos, como que «no hay debate» sobre una posible devolución de los suelos por parte del Estado al Ayuntamiento de Oviedo -que reclaman desde algunos sectores- porque «jurídicamente está todo dicho» y recordó la obligación «de vender porque así lo dice la ley».

Por tanto, el socialista abogó por avanzar y firmar el convenio, lo que se prevé a principios de año. Por parte del Principado tendió la mano a las dos administraciones para «colaborar», aunque sí aclaró que «estamos en el principio del camino y hay mucho que discutir todavía». Mucho que discutir y que planificar, insistió, porque «esta es una operación de la ciudad de Oviedo y el Ayuntamiento es el protagonista». Será la administración local quien deba incluir la operación en el Plan General de Ordenación -en fase de modificación- o a través de un plan especial para poder desarrollar lo previsto, rehabilitar una veintena de las cuarenta edificaciones para usos mixtos y derribar las restantes para uso residencial, donde destaca en el proyecto la torre de veinticinco plantas.

El Gobierno regional insistió en la necesidad de actuar en el complejo porque «si miramos para otro lado y seguimos, en unos años encontraremos ruina y hay que intervenir», aunque recordó que previamente se estudiará si los suelos están contaminados -lo que obligaría a Defensa a revertir dicha situación- y se realizarán catas arqueológicas ante la posibilidad que apuntan algunos estudios de que pudieran aparecer restos del palacio de Alfonso II, del siglo IX.

Así respondió Cofiño a la interpelación planteada por el diputado de Foro Adrián Pumares, que criticó una operación que busca «ingresos dinerarios mediante la especulación urbanística», consideró la posición del Ayuntamiento y del Principado de «inaceptable» y advirtió del «despilfarro» de construir nuevas viviendas en una ciudad con 18.000 pisos vacíos.

No fue el único socialista que tuvo que dar explicaciones en la Junta General por el protocolo. La consejera de Cultura, Berta Piñán, interpelada por Podemos sobre qué consideración le merece el manifiesto de rechazo que académicos hicieron público el pasado 13 de septiembre, respondió que le produce un «hondo respeto», pero añadió que el preconvenio apenas es un «documento de intenciones» y que se tendrá que concretar en un proceso que será «muy garantista» con la participación de los organismos de protección cultural. Aclaró, además, que el Principado «no puede hacer BIC el patrimonio de La Vega porque es de titularidad estatal».

Por su parte, el diputado de la formación morada, Ricardo Menéndez, recordó la «humorada» del alcalde, Alfredo Canteli, cuando indicó que «quien no entienda el convenio que vaya a la Universidad», insistió en que «existen alternativas» para salvaguardar el conjunto y advirtió al Gobierno regional que puede ser «cómplice doloso». «Quizá la FSA se haya equivocado yendo de la mano del PP para destruir La Vega».