Del protocolo al convenio de La Vega: menos derribos, pisos asequibles y sin la 'torre Asturias'

Mismo respaldo que el pasado diciembre, cuando se aprobó la versión inicial del convenio, lo que dio paso a un periodo de información pública donde se presentaron 810 alegaciones. Algunas de ellas han sido estimadas, provocando modificaciones en la documentación. No han sido las únicas. Poco tienen que ver las dieciocho páginas de protocolo firmado en Madrid el 22 de julio de 2022 con las treinta y uno del convenio que se espera que los responsables de las tres administraciones –serán los mismos a pesar de los tres procesos electorales– rubriquen la segunda quincena de agosto.

Entre las novedades, la concreción de la superficie afectada por la operación. El protocolo citaba una suma de «aproximadamente 150.000 metros cuadrados» al incluir los 118.734 de la fábrica de armas, el tramo del Bulevar de Santullano frente a la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados y el parque de Ángel Cañedo. Los cálculos, ahora, son más precisos al hablar que la superficie de 127.962 metros cuadrados y con los mismos espacios.

Uno de los principales cambios ha sido la edificabilidad. En todo este tiempo se ha mantenido que abarcará 100.000 metros cuadrados, pero ha habido alteraciones sobre cómo serán el millar de pisos que se construirán para compensar económicamente la operación. En el protocolo se citó que el «30% de la superficie iría a vivienda protegida en compra o alquiler»; mientras que el «70% restante a vivienda libre». Todo fue modificado en mayo de 2023, cuando el Consejo de Ministros aprobó que la Entidad Estatal de Suelo (Sepes) adquiriera 8,25 millones de metros cuadrados de terrenos en desuso de Defensa para viviendas públicas y así consta en el convenio que habla de pisos asequibles. En principio, estarán destinados a jóvenes.

Las tres administraciones consensuaron en el protocolo que toda la edificabilidad se iba a hacer dentro de la fábrica de armas; ahora se abre la puerta a que parte se haga fuera cuando «los estudios arqueológicos, patrimoniales, de movilidad y medioambientales» concluyan como «desaconsejable la generación de la totalidad del suelo» en el interior de La Vega.

Igual de relevante es la eliminación de la denominada 'torre Asturias'. El ministerio, el Principado y el Ayuntamiento acordaron antes de la firma del protocolo la construcción de un inmueble de veinticinco plantas que se convertiría en la nueva puerta a la capital. Su singular altura superaría al edificio de Cajastur en Teatinos, con 23 plantas, o la propia Jirafa, el primer rascacielos de Oviedo, que cuenta con 20; sin embargo, este proyecto no fue bien acogido en la capital asturiana y este «referente urbanístico» ya no aparecía reflejado en el versión del convenio aprobada en diciembre.

Tampoco son menores los cambios en las demoliciones. El protocolo incluía el derribo de los chalés 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 para generar espacios libres. Una medida que suscitó numerosas críticas entre la sociedad ovetense, provocando un cambio de opinión entre las tres administraciones. De las once casas de oficiales, diez se mantendrán, mientras que otra será derribada para generar espacios libres y viales. Esta modificación ha provocado que ya haya un interesado para ocupar uno de ellos: será la Fundación del Real Oviedo. El resto, según el alcalde, se cederá a entidades del Tercer Sector.

Los chalés no son los únicos que se han librado de las demoliciones. El protocolo cifró en catorce las naves que iba a pasar a ser propiedad municipal para usos culturales y empresariales, sumando 37.465 metros cuadrados e incluyendo el derribo de la central térmica, el taller de mantenimiento, el almacén de productos intermedios, las oficinas de producción, el taller de tratamientos superficiales y la portería de la calle Adelantado de La Florida. Bienes que se librarán de la piqueta, duplicando el número de espacios construidos que se quedará la administración local: serán treinta que llegan hasta los 48.319 metros cuadrados.

Otra de las novedades que ha sido sumamente criticada es el vial de 31,5 metros de anchura que se incluyó en el protocolo y discurría junto a la nave de cañones. El objetivo era sustituir el tramo del Bulevar de Santullano que pasa por delante de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados y la intención se mantiene, pero la premisa no es tan clara. El convenio incluye que se estudiará la posibilidad de un nuevo trazado por el mismo sitio.

Estudios durante el proceso habrá que hacer y serán muchos. En el protocolo sólo se incluían los arqueológicos y ahora se tendrá en cuenta los de protección del patrimonio cultural y monumental, los paisajísticos o «de cualquier naturaleza» y puede que su resultado afecte al vial. Los estudios previos a las catas arqueológicas sitúan el conjunto palatino de Alfonso II entre la nave de cañones y el templo prerrománico.