El Principado exige la adjudicación sin concurso del 8x8 a Santa Bárbara

El presidente del parlamento asturiano, Marcelino Marcos Líndez, puso voz al texto, firmado por todas las formaciones con representación en la Cámara autonómica, y recordó la tradición histórica de la fábrica de armas de Trubia, que data de 1794 y que fue, sostuvo, «uno de los primeros pasos para la industrialización de Asturias».

Líndez continuó leyendo, solicitando al Gobierno de España que, «en el marco legal existente, haga lo posible para superar las diferencias actuales» entre las partes, casi irremediables desde que Defensa rescindiese hace un mes el contrato para la producción de 348 unidades del novedoso blindado Dragón por 2.083 millones de euros. Todo ello, «además de tener en cuenta el mantenimiento de la actividad, el crecimiento del empleo previsto y el nivel competitivo internacional de la Fábrica de Trubia», relató, y «el arraigo de la empresa en Asturias, la experiencia de los trabajadores, la necesidad de evitar deslocalizaciones empresariales y el apoyo a la industria auxiliar de defensa de nuestra comunidad autónoma», sentenció el presidente del parlamento.

Y es que, en ese sentido, el factor del empleo es uno de los más delicados de la escabrosa ecuación del 8x8. Con el Dragón, la apuesta de Santa Bárbara -basada en su archiconocido Piraña 5- para modernizar la movilidad del Ejército de Tierra español, la villa cañonera aspiraba a afianzar sus números durante la próxima década con la incorporación de casi un centenar de trabajadores a la plantilla para asumir el encargo.

El documento no escatima en elogios para la compañía, de propiedad privada desde 2001, y advierte que la actividad industrial y empresarial ejecutada desde la factoría armamentística trubieca ha servido para convertir a la filial en España de General Dynamics European Land Systems «en un referente mundial».

Así, desde la Junta también recordaron cómo en 2015 el Ministerio de Defensa firmó un contrato con la UTE formada por Santa Bárbara, Sapa e Indra para el desarrollo de los cinco demostradores del 8x8 Dragón. Un contrato de casi 92 millones de euros que el área de Robles se ha comprometido a mantener -también los desarrollos tecnológicos adquiridos por la UTE- con el fin, según anticiparon fuentes de Defensa, de adquirir un producto español de primer nivel mundial cuanto antes. Una filosofía de programa que, de cumplirse del todo, dejaría en una situación muy ventajosa a Santa Bárbara en el aún incierto futuro del Dragón trubieco, ya que es la única con capacidad técnica y operativa para construirlo del territorio nacional.

Por eso, desde el Principado concluyeron que «la pérdida de este contrato, de producirse, supondría una dificultad añadida en la posición competitiva internacional de la empresa, la renuncia a los anunciados planes de aumento del empleo o actividad de la planta asturiana, y un perjuicio a una industria estratégica para nuestra región por la capacidad de innovación y de creación de empleo cualificado».