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La unificación definitiva de las sedes judiciales dispersas de Oviedo en la manzana de Llamaquique, tal y como avanzó ayer EL COMERCIO, se espera para 2030. ¿Por qué? El proyecto, demandado con insistencia por la Justicia asturiana a lo largo de los últimos veinte ... años, depende del traslado de las facultades de Formación del Profesorado y Educación y Ciencias al futuro Campus B del antiguo HUCA –al que también irá Ingeniería de Software, esta en Los Catalanes–. Mientras la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) aún no ha cerrado el trámite de adscripción de los edificios de Silicosis, Maternidad y Consultas Externas a la institución académica, y con la previsión de que las licitaciones de esos nuevos usos universitarios en la vieja ciudad sanitaria arranquen en 2026, los operadores jurídicos claman por una solución intermedia. A ese respecto, el Principado, tal y como explicaron ayer fuentes de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos que lidera el socialista Guillermo Peláez, trabaja con la idea de que «los traslados de justicia a Llamaquique se puedan hacer de manera gradual para que se vayan ocupando espacios poco a poco».
Por ahora, eso sí, lo cierto es que el Gobierno regional reserva una partida de 100.000 euros en los presupuestos de Asturias para 2025 para la reagrupación de los juzgados dispersos, aunque, por otro lado, también se llevará a cabo la mejora integral del Palacio de Justicia de Concepción Arenal por algo menos de tres millones de euros. La Justicia, en ese sentido, y tal y como quedó de manifiesto en la nota de la reunión de la comisión mixta integrada por el TSJA y el Principado incluida en el acta de la reunión de la Sala de Gobierno del alto tribunal asturiano, quiere una «solución puente». El mismo documento recoge que «estaríamos hablando, en el mejor de los escenarios, de un solo edificio judicial en Llamaquique en 2030».
¿Qué? El Principado quiere agilizar la reunificación judicial con un traslado gradual de las sedes a Llamaquique.
Plazos La consejería advierte que se implementarán soluciones intermedias si los plazos se eternizan.
Campus B El proyecto depende de la creación en el antiguo HUCA del nuevo Campus B de la Universidad de Oviedo.
Por su parte, la consejería prefiere mantenerse prudente y no hablar de fechas concretas. Lo que sí hace es dejar claro que «tenemos encima de la mesa la posibilidad de activar soluciones intermedias», similares al reciente traslado de los juzgados mercantiles al viejo edificio de Telefónica de Llamaquique, «si los plazos van más allá de lo deseable». Y es que «hay que tener en cuenta que hay varias administraciones involucradas» y que «es una operación compleja».
Por lo pronto, la Justicia ovetense aún deberá esperar un poco más. Existen en la capital asturiana ocho sedes judiciales repartidas por la ciudad entre Concepción Arenal, Llamaquique, Porlier, Pedro Masaveu, La Ería y La Corredoria, donde se encuentra el Juzgado de Vigilancia Penitenciario. Son más de cinco kilómetros de distancia entre los dos más alejados y en muchas ocasiones, abogados y procuradores deben acudir a más de una sede en la misma mañana. Las primeras demandas sobre la reunificación se remontan más de dos décadas atrás y el Palacio de Justicia se quedó obsoleto desde sus inicios en 2001, y eso que para entonces el parque judicial era menor.
Al mismo tiempo, la transformación del viejo HUCA, llamada a curar la herida que dejó en El Cristo el traslado del Hospital a La Cadellada hace una década. Sí, se trata de un asunto complejo. La propiedad de los terrenos está dividida entre las diferentes administraciones. La Seguridad Social, por un lado, cederá a la Universidad de Oviedo los edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas para la creación del nuevo Campus B. Allí se creará un edificio departamental y de laboratorios en Silicosis, un gran aulario en Maternidad y servicios comunes y administrativos para el conjunto del campus en Consultas Externas. La institución académica aspira a estar en disposición de inaugurar ese Campus B entre 2030 y 2031.
En lo que toca estrictamente al Gobierno autonómico de Adrián Barbón, en poco tiempo comenzarán las demoliciones del antiguo Hospital General, el almacén y taller y los edificios anexos. De estos trabajos, delicados en parte por la gran cantidad de residuos peligrosos que deben ser retirados, se encargará la empresa catalana Hercal Diggers, la misma que acomete los derribos de la Fábrica de Gas, por 4,3 millones de euros y durante cerca de un año. Policlínicas; sin embargo, se mantendrá en pie.
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