«Los políticos y los técnicos actuamos de forma correcta con el excomisario»

La 'operación Enredadera', que investiga el presunto amaño de contratos policiales y de tráfico en decenas de ayuntamientos, salpicó de pleno al de Oviedo. El que fuera jefe de la Policía Local, José Manuel López, está investigado en la causa. Cuatro días después de que la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional registrase el Ayuntamiento, en julio, el alcalde lo destituyó alegando «pérdida de confianza». Además, el Ayuntamiento se ha personado en la causa de la operación.

Paralelamente, las escuchas del sumario desvelaron también que José Manuel López y otro agente, presuntamente, maniobraron para retirar una multa al coordinador de IU Asturias, Ramón Argüelles. Al respecto, recientemente, la junta de gobierno local acordó suspender el expediente disciplinario contra López y el agente y acordó su remisión al juzgado.

Ante todo este escenario, el excomisario acaba de mover ficha y esta semana ha presentado una demanda penal por la actuación municipal, que ha incurrido, según mantiene, en «delitos de prevaricación, falsedad documental para uso en juicio, manipulación documental y tráfico de influencia», tal y como adelantó ayer el edil Ricardo Fernández. José Manuel López pide que tome declaración al alcalde, Wenceslao López, al propio Fernández y a un grupo de funcionarios municipales.

Una denuncia que «no preocupa» al representante de Seguridad. Alega que tanto «los políticos como los técnicos actuaron de forma correcta en todos los procedimientos que se han llevado a cabo hasta la fecha» y añade que todo lo planteado la denuncia «es infundado». Lamenta, también, que este tipo de situaciones pongan en el foco otro tipo de temas que el «buen hacer» de los agentes y señala que el «papel todo lo aguanta», pero debe de ser un juez quien tenga la última palabra.

Por el momento, la demanda no ha sido admitida a trámite -según informó ayer por la mañana Fernández- aunque ya ha tenido su primera consecuencia. El juicio que se iba a celebrar el lunes en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo contra la destitución de López ha sido suspendido y no se reanudará hasta que finalice la fase penal.

Esta denuncia generó ayer reacciones por parte de cuatro de los cinco grupos municipales. PSOE, Somos, Partido Popular y Ciudadanos dieron su versión de los hechos, mientras que Izquierda Unida no quiso ni apoyar a sus socios de gobierno. .

Los que sí lo hicieron fueron los miembros de la formación liderada por Ana Taboada. A través de un comunicado de prensa afirmaron que las escuchas de l caso 'Enredadera' desvelan que supuestamente «el PP conspiró con López para cargarse» al edil de Seguridad Ciudadana por la investigación de las tarjetas 'blue'. En ella, se descubrió que el ahora exjefe de la Policía Local concedió autorizaciones a alcaldes de barrio, contratistas y autoridades para aparcar gratis y añadieron que su intención es que se «investigue» hasta el final esta trama de corrupción además de todos los contratos que «puedan estar afectados».

Desde la oposición las críticas llegaron en torno a la gestión del área de Seguridad Ciudadana. El portavoz adjunto del PP calificó esta demanda como un asunto «gravísimo» y quiere que tanto al alcalde como Fernández den explicaciones para demostrar que han obrado bien. Mientras, Luis Pacho, portavoz de Ciudadanos, espera que la justicia actúe de forma «ágil» para que esta área deje de estar manchada por «las sospechas» de corrupción.