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ALBERTO ARCE
OVIEDO.
Martes, 28 de diciembre 2021, 00:21
Primero, que el Ayuntamiento adquiera la Fábrica de Gas en su conjunto; y segundo, que proceda a la redacción de un nuevo plan especial para ... el ámbito, «único en España», con un planteamiento distinto al actual con respecto a los usos que se pretenden desarrollar. Son las dos exigencias de la plataforma Fábrica de Gas e Ideas al equipo de gobierno incluidas en su batería de sugerencias al documento de prioridades del Plan General de Ordenación (PGO), a las que ha tenido acceso en exclusiva EL COMERCIO. Los motivos, claros: «En ningún momento se hace una defensa de la preservación del conjunto patrimonial y de la directriz municipal de acometer las medidas necesarias para evitar el derribo o destrucción parcial» de algunos elementos «fundamentales», sostienen, como la nave de la Popular Ovetense, que es uno de los que corren el riesgo de desaparecer.
En ese sentido, y tras asegurar que el documento redactado por la UTE PGO-Oviedo, cuya exposición a sugerencias finalizó ayer, «no desarrolla adecuadamente la importancia que tiene y puede llegar a tener en el futuro», los vecinos exponen que «no se puede estar más que en contra de lo contemplado por los redactores del documento de prioridades, permitiendo y apoyando que se desarrolle el actual plan especial de la Fábrica de Gas y se deje en manos de los futuros propietarios la voluntad de modificar el grado de protección de los elementos, la creación de un gran equipamiento cultural, de una bolsa de viviendas públicas, o la remodelación de la trama urbana», en definitiva. Eso, al tiempo que acusan al gobierno local formado por el PP y Ciudadanos de «dejación de funciones» al no garantizar la «defensa, conservación y protección» del patrimonio cultural.
En palabras de uno de los integrantes de la plataforma, el arquitecto Felipe Díaz-Miranda, «la única forma viable de modificar el plan especial y los usos que contempla, y de poner en valor el propio casco Antiguo a través de nuevos desarrollas, es que sea una entidad pública como el Ayuntamiento la que adquiera la propiedad». Tajante, «se solicita eso, que sea de dominio público, ya que es la última y única fábrica de gas en pie de todo el país». Pero no solo, el planteamiento que subyace es el de evitar la edificación y reducir el catálogo de derribos previsto a su mínima expresión. «El uso residencial en Oviedo ya está satisfecho, y eso sin contar el excedente que existe de vivienda. Deben conservar lo mayor posible y centrarse en estudiar nuevos usos para todo ese conjunto, entendiéndolo como una pieza única del patrimonio industrial ovetense», concluye Díaz-Miranda.
A su vez, el presidente de la Asociación de Vecinos Oviedo Redondo y miembro activo del colectivo de defensores de la vieja factoría de gas y electricidad, Manuel Almeida, solicita que el conjunto se convierta «en el eje vertebrador de la dotación al barrio Antiguo de usos culturales, deportivos y empresariales, con la creación de un vivero de empresas, de los que carece en la actualidad». Un «nexo de unión entre el casco histórico y el resto de la ciudad», reitera el vecino. Uno que, defiende, debe pasar, además, «por la peatonalización completa de la calle Paraíso, ahora que se ha rehabilitado la muralla y se pretende convertir la zona en un polo de atracción turístico». Al menos, en eso el Consistorio sí ha colocado la primera piedra con la instalación de una señal que restringe el tráfico a los no residentes. «Se está notando una merma impresionante del tráfico», sentencia.
La situación, no obstante, sigue bloqueada. Tal y como anunció este diario hace una semana, la descontaminación de los suelos de la Fábrica de Gas se encuentra atascada a cuenta de los informes contradictorios emitidos por el Principado. Desde el Consejo de Patrimonio, por un lado, se desaconseja «el vaciado del conjunto sin reposición programada». El servicio de Autorizaciones Ambientales, por otro, destaca que «no se considera estrictamente necesario que el proyecto de descontaminación de los suelos sea parte integrante del proyecto de urbanización». Los técnicos municipales ya han solicitado un dictamen jurídico que determine a quién hacer caso.
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