Todos los municipios con más de 50.000 habitantes están obligados a contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que limite la circulación a los vehículos más contaminantes para cumplir con los objetivos medioambientales que establece la Ley del Cambio Climático. En Oviedo ... , habrá dos anillos –el más comercial y turístico que albergará la gran plaza que el alcalde Alfredo Canteli espera crear con la unión de los Álamos y La Escandalera y con un macroaparcamiento subterráneo; y otro exterior, limitado por rondas–.
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Ya están en marcha las primeras medidas para llegar al gran objetivo. Son la instalación de cámaras para la contabilización de vehículos –serán un centenar con una capacidad de almacenamiento de, al menos, 200.000 imágenes y deberán detectar coches que circulen desde los 0 hasta los 200 kilómetros por hora– y los sensores en la calzada. En próximas fechas, anunció el Ayuntamiento, se abrirá el proceso de participación ciudadana con encuestas a pie de calle para la inclusión de demandas de colectivos y vecinos en la ZBE.
Representantes de las empresas adjudicatarias de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones se reunieron en la Casa Consistorial con los concejales de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, y de Infraestructuras y Movilidad, Nacho Cuesta, para establecer una coordinación conjunta y avanzar en las medidas a desarrollar. También abordaron el estudio de un marco jurídico que dará cobertura legal a la ZBE, en concreto la Ordenanza de Movilidad y el futuro Plan de Movilidad.
Los operadores presentes fueron Doymo, Tekia y Eysa, que destacaron la colaboración y coordinación de las áreas municipales y señalaron al de Oviedo como «uno de los proyectos más ambiciosos llevado a cabo en España en municipios de semejante tamaño y población».
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Para todo este plan, y otras medidas adicionales como el nuevo punto de control de tráfico en el cuartel de Rubín, el Ayuntamiento de Oviedo logró 7,3 millones de euros de los fondos europeos Next Generation –aspiraba a 9,9 millones– que buscan convertirse en una ciudad más sostenible y saludable.
El objetivo del equipo de gobierno es que a lo largo de 2025 el proceso esté muy avanzado y «en verano de 2026 pueda estar implantado si no es en su totalidad, sí prácticamente», explicó Nacho Cuesta el pasado septiembre, una vez admitido que alcanzar esto el 31 de diciembre de 2024, previsto inicialmente, era imposible.
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