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El blindaje del entorno del Campo San Francisco –uniendo la plaza de La Escandalera con el paseo de los Álamos, con un macroaparcamiento ... subterráneo con entradas alejadas hasta la calle Marqués de Santa Cruz y la plaza del Carbayón– para reducir la contaminación con restricciones en la circulación de los vehículos más antiguos y la creación de un segundo anillo más amplio en las rondas con cámaras de vigilancia para controlar los accesos al centro. Estas son, a grandes rasgos, las principales medidas para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Una plan obligado por la Unión Europea para las ciudades con más de 50.000 habitantes –el municipio cuadriplica la cifra, con 221.152 vecinos, y en Asturias afectará igualmente a Gijón y Avilés– para cumplir con la Ley del Cambio Climático.
Para este plan, y otras medidas adicionales como el nuevo punto de control de tráfico en el cuartel de Rubín, el Ayuntamiento de Oviedo logró 7,3 millones de euros de los fondos europeos Next Generation –se aspiraba a 9,9 millones– que buscan convertirse en una ciudad más sostenible y saludable. El primer plazo para la implantación de dichas medidas se fijó en 2024 –a 31 de diciembre, señalaba la resolución de la propia concesión–, pero según reconoció ayer el concejal de Infraestructuras y Movilidad, Nacho Cuesta, se demorará al menos un año y medio. «Nuestra idea es que a lo largo de 2025 el proceso esté muy avanzado y en verano de 2026 pueda estar implantado si no es en su totalidad, sí prácticamente», garantizó ayer durante la presentación de la tercera edición de la Feria de Movilidad Sostenible Moveo.
millones de euros es la cuantía de fondos europeos concedida a Oviedo para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, obligatoria en ciudades de más de 50 000 habitantes.
Cumplir esas fechas iniciales ha resultado imposible, pero garantizó que el Ministerio de Transportes, quien gestiona dichas ayudas, se ha mostrado comprensivo: «En el ministerio son conscientes de que había pocas localidades de más de 50.000 habitantes –para las que resulta obligatorio independientemente de cualquier índice de contaminación tener la ley– que lo han podido cumplir y sabían que era necesario o imprescindible dar un lapso mayor para las ciudades que tiene que ir desarrollando este proceso», indicó. Un proceso «complejo», expuso, que «requiere una ordenanza donde se establecen las restricciones, las limitaciones...».
En febrero de este año el Ayuntamiento sacó a licitación dos contratos valorados en 9,86 millones de euros. Uno enfocado al suministro y colocación de todos los elementos necesarios, entre ellos un centenar de cámaras de control de matrículas y diversas señales para advertir a los conductores de las restricciones de la zona por 7,51 millones; y un segundo, de consultoría y control de las obras por 2,35 millones de euros. Del primero se encargará, por 4,8 millones de euros, la empresa Estacionamientos y Servicios, y del segundo, de uno de los lotes, la compañía Desarrollo Organización y Movilidad, por dos millones de euros.
A la par, el área que dirige Cuesta iniciará la revisión del Plan de Movilidad. El actual, que se aprobó en 2012, «fue un buen plan pero lógicamente ha quedado desfasado doce años después». Su redacción tampoco es sencilla. Con dicha revisión «abriremos, en términos coloquiales, el melón de todas las líneas de transporte urbano de Oviedo», expuso el popular.
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