ALBERTO ARCE
OVIEDO.
Sábado, 14 de mayo 2022, 01:02
El equipo de gobierno local del Partido Popular y Ciudadanos tiene doce meses por delante en los que aspira a culminar el grueso de las promesas del mandato en forma de más de un centenar de obras por valor de más de treinta millones de ... euros. No obstante, la subida imparable de la inflación y la crisis de costes arrastrada desde la pandemia e incrementada tras el estallido de la guerra en Ucrania y, más recientemente, por la huelga del transporte, es un escalón que es necesario salvar con agilidad para no quedarse con el trabajo a medio hacer por el camino. Por ello, el Ayuntamiento realizará una revisión general de los contratos públicos que prevé sacar a licitación durante estos meses y permitirá hacer lo propio a las empresas que ya hayan sido adjudicatarias de alguno de ellos, y materializará el incremento del precio de los mismos hasta un veinte por ciento.
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Al menos, a eso se comprometió ayer el primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, con el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), Joel García, durante una reunión en la sede de Urbanismo. En palabras del primero, «en Oviedo estamos en un momento determinante del mandato en el que en muy pocos meses van a dar inicio muchas obras de envergadura y definitivas. Estamos hablando desde las obras de la entrada a Oviedo (el nuevo Bulevar de Santullano), la próxima reforma de la plaza de toros, el inicio de la ejecución de las pistas polideportivas del Naranco, pero hay muchas otras». En definitiva, resumió el líder naranja, se trata de «un montante muy elevado de obras muy relevantes que, en una u otra medida, van a verse afectadas por este incremento exponencial de los precios». Por eso, «tenemos que ser capaces de darle una solución por el bien de un sector tan importante como la construcción, la propia administración pública y los ciudadanos».
La decisión del Consistorio no es otra que adherirse a un decreto estatal, secundado desde hace un mes también por el Principado, que permite a las administraciones autonómicas y locales una revisión excepcional de los contratos públicos afectados por la subida de precios de los materiales. Este real decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo, busca evitar la paralización de obras y equipamientos, así como adjudicaciones desiertas, por el incremento de costes en las materias primas y los problemas de abastecimiento en todo el territorio nacional.
En líneas generales, continuó Cuesta, la situación es preocupante. «Hay obras que estaban en tramitación y que las adjudicatarias nos han hecho un planteamiento de modificación de precios, y hay otras que estamos a punto de sacar a licitación y que hemos tenido que contemplar un incremento muy importante». Por ejemplo, la reforma de la plaza de la Cruz Roja -primera de las actuaciones del Bulevar-, a la que el gobierno local ha aumentado el precio «un setenta por ciento», anunció el titular de Urbanismo, «porque si no, será imposible que haya empresas que puedan concurrir» .
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Dificultades no solo para las contratistas o para un Consistorio que en los últimos meses ha visto como algunas de sus actuaciones más esperadas se quedaban desiertas, como la reforma de la accesibilidad del Campo San Francisco -había ocurrido lo mismo antes con la rehabilitación del kiosco del Bombé o el nuevo comedor del parvulario de Ventanielles, si bien las dos primeras ya marchan con viento favorable-, sino por las repercusiones que causa en la propia administración. «No es fácil y provoca dilaciones y demoras, pero si tenemos un instrumento normativo que nos permite dar respuesta, ya es un avance muy significativo», concluyó el segundo de abordo de la Corporación local.
No fue necesario demasiado debate. La reunión de ayer entre García y Cuesta fue más bien breve. El Consistorio ya había adelantado los deberes para formular su adhesión al decreto, que pasará por la junta de gobierno, previsiblemente, la próxima semana. «Esperemos que esto suponga un efecto tractor en el resto de ayuntamientos», señaló el presidente de los constructores, «porque hay un plazo y no es largo, y si no se adhieren, muchas de las empresas que hemos realizado obras perdiendo dinero nos quedaremos sin cobrar ese aumento de los precios». Serio, introdujo que «si no se toman precauciones, las obras quedarán desiertas»; máxime, en estos meses del año en el que el impulso licitador siempre es mayor. Esto es, «retrasos de cinco o seis meses que, más que nunca, debemos evitar».
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