Un edificio singular y gigantesco ligado a la crónica negra de la ciudad

El edificio Salesas, construido en los años 80 sobre el solar propiedad del convento, es el mayor de la ciudad. Una colmena diseñada para el nuevo desarrollo comercial que irradiaba desde la calle Uría y que supuso la apertura, en 1982, del centro comercial homónimo, el primero de Oviedo. Lo que había sido hasta entonces un solar de juego y exploración para los chavales del barrio, donde ocasionalmente pastaba el ganado, se transformó en una promoción de viviendas nuevas de proporciones colosales: con comunidades con 223 viviendas y la manzana casi completa entre Nueve de Mayo, General Elorza y Primo de Rivera. Pisos de lujo y terrazas en las alturas, pero también muchas viviendas interiores en los pisos bajos, en un principio pensados para oficinas y que han acabado como casas baratas y llevado al edificio a la crónica de sucesos con regularidad.

En mayo 2013, el ginecólogo retirado Julio Astray, de 88 años, aparecido muerto en su vivienda del edificio de Salesas. Las cámaras de seguridad del inmueble pusieron a la Policía en la pista de dos personas de nacionalidad ecuatoriana. El rastro del presunto autor se perdió en la república andina. Tres años más tarde, también en mayo, perdió la vida en un incendio María Ángeles Escotet Álvarez, de 89 años. Su hija, una mujer con síndrome de Down, y su cuidadora pudieron huir de la ratonera de humo y llamas causada por un cigarrillo en un colchón. Al siguiente, se produjo el asesinato de José Manuel Fernández, 'Lolín', cuyo cadáver, que presentaba dos puñaladas, fue hallado el 27 de junio de 2017 en el cuarto de basuras del edificio de Salesas. Unos hechos por los que fue juzgado el año pasado y declarado no culpable José Luis D. R., hoy en libertad tras año y medio en prisión preventiva.

Durante la vista salió a relucir uno de los constantes problemas del edificio. El acusado explicó que la noche de los hechos fue hasta el portal donde vivía la víctima «para ponerse un pico» en el piso de una prostituta.

Los vecinos de las comunidades que forman el inmueble llevan años tratando de evitar que estas viviendas interiores acaben siendo arrendadas para ejercer la prostitución o el trapicheo de droga. Solo en el número 2 de la calle 9 de Mayo, siete viviendas estaban alquiladas para ofrecer servicios sexuales. El año pasado, la comunidad inició una campaña de presión a los propietarios de estos pisos para que pusiesen fin a los contratos y, con ellos, a sus molestias. Para ello, tuvieron que modificar los estatutos de la comunidad e incluir advertencias legales a los arrendadores renuentes.