La ordenanza de terrazas logra la aprobación inicial entre duras críticas de la oposición y vecinos

La aprobación inicial llegó tras la amenaza del grupo socialista de impugnar el proceso ya que según sostiene el PSOE la ordenanza se apoya en «una dudosa legalidad», dijo el edil Ricardo Fernández, quien recordó las advertencias y cambios a incluir solicitados en un informe «del secretario municipal» y los reparos del director general de Infraestructuras (Ignacio Ruiz Latierro, que ya ha dimitido de su cargo). Por todo ello, «vamos a exigir que el proceso se retrotraiga al trámite de junta de gobierno. Nos obligan a impugnar», aseguró el socialista.

La respuesta a esta acusación la ofreció el concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, quien aseguró que «todos los miembros han sido escuchados en comisión y dieciocho enmiendas han sido integradas al texto de la ordenanza y todo se ha hecho conforme a la ley». Ese fue el detonante del malestar del público presente -portando pancartas de petición de dimisión- que definió a Cuesta como «mentiroso» y entabló una especie de careo con el concejal e incluso con el alcalde, quien pedía respeto y silencio a partes iguales.

En el pasillo de entrada al salón de Plenos se personaron varios agentes de refuerzo de la Policía Local, que no tuvieron que entrar ni intervenir. Los que sí aparecieron fueron el Comisario jefe, José Manuel López, y el director general de Seguridad Ciudadana, Javier Lozano.

Por parte socialista también habló el edil Fidel Rodríguez que expuso varias de las partes más criticadas de la nueva ordenanza de terrazas como por ejemplo que «en algunas plazas se utilizará el 75% de suelo público para poner terrazas. Están haciendo una ópera bufa porque no pueden darle forma jurídica a las excepciones de la pandemia»

Por parte de Somos, Ignacio del Páramo definió la ordenanza como «tan liberal que retira el poder público sobre el suelo». «Se satisfacen no ya sólo los intereses de la patronal Otea, también intereses de hosteleros concretos», añadió.

Por su parte, la portavoz de Vox, Cristina Coto, tildó a Ignacio Cuesta de «redicho» y aseguró que es el equipo de gobierno quien «renuncia a representar a los ciudadanos «en el asunto de las terrazas «cuando no les escuchan» porque no se trata solo de la legalidad, que no existe, se trata del interés general y sólo demuestran que las terrazas son su 'monoapuesta'».

La ordenanza estará en información pública durante 30 días.