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GONZALO DÍAZ-RUBÍN
OVIEDO.
Martes, 21 de agosto 2018, 02:27
El pasado 3 de julio, pertrechados con el correspondiente mandato judicial, agentes de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros) de la Guardia Civil se presentaron en el Ayuntamiento, el edificio de Seguridad Ciudadana y en el domicilio participar del comisario principal, que fue ... detenido a prestar declaración en Comisaría. Era el inicio de la 'operación Enredadera' contra el presunto amaño de contratos de gestión del tráfico y de sistemas para policías por parte de Gespol, una filial de Valoriza, del Grupo Sacyr. Los vínculos municipales con las firmas, en principio, investigadas son muy tenues. A caballo entre 2008 y 2009, el Ayuntamiento compró, en un contrato por importe de 1,3 millones, 90 terminales para sus agentes con la aplicación Gespol y nada más. Los agentes de la Guardia Civil, sin embargo, se interesaron por contratos de alumbrado y por una empresa en concreto: Aluvisa, repentina concesionaria del control de tráfico y el mantenimiento de los semáforos de la ciudad después de casi dos décadas en manos de Telvent.
La explicación se encuentra entre las 8.000 páginas del sumario, al que ha tenido acceso este diario. Se encuentra en conversaciones como la que mantuvieron el pasado 10 de noviembre, Ángel Luis García, 'El Patatero', supuesto conseguidor de la trama, y el exjefe de Bomberos de Oviedo, José Manuel Torres Ruiz. En la misma, García explica a Torres que ya firmó antes de ayer en Madrid y le «han hecho un primer pago» de la cuenta de «los semáforos de Oviedo».
Ese primer pago asciende a «284.000 pavos, IVA incluido», añade García y explica que corresponde a los cuatro años del contrato, mientras que las prórrogas se las pagarán «el año que viene cada trimestre». En efecto, el contrato de gestión del tráfico fue adjudicado a Aluvisa, de cuya participación parece deshacerse García a cambio de ese dinero según se desprende de la conversación intervenida por la UDEF, por importe de 936.773 euros al año y plazo de cuatro ejercicios, con opción a otros dos años más.
García da algunos detalles más. Explica que se ha quedado la cuenta y a que al anterior responsable lo van a poner en nómina de Aluvisa y que lo que es por él como si le quieren pagar «con esos dos años de prórroga», porque «a lo mejor dentro de cuatro años hay nuevo alcalde». De hecho, Torres le responde que está «seguro, seguro, seguro» de que será así. «Yo he cobrado una pasta y he cobrado el contrato de golpe», dice el presunto conseguidor que le pide a Torres que «no diga nada», «a José, al poli (los agentes de la UDEF lo identifican con José Manuel López) ni a nadie. Nada más sabes tú del dinero y ya te lo enseñaré».
La conversación y otras forman parte de una pieza separada. Un hallazgo inesperado cuando se investigaba la actividad de Gespol, pero la empresa bajo sospecha no anda lejos. En esa misma llamada, Torres y García hablan de los contratos para los parques de bomberos en León que aspiran a conseguir, pero también que «por otro lado, José Manuel (de nuevo, López, entonces jefe de la Policía Local) va a sacar un contrato de modernización del Ayuntamiento, que estuve hablando con él y que lo vamos a hacer con Gespol», da por seguro.
Torres sabe que García y López han hablado: «Sí, algo me había comentado, que había estado contigo en Madrid cuando estuvo ahora estos días atrás», dice. El conseguidor está tan seguro de sus gestiones con «tu amigo, nuestro amigo» por el jefe de la Policía Local que le responde que «ahora tenemos que preparar los pliegos» y luego «preparar ofertas», con la intención de que el contrato de modernización del servicio, con los pliegos preparados desde la trama, quede en manos de Gespol.
En realidad, no existe un único contrato de modernización. La concejalía ha admitido que el comisario mostraba «mucho interés» en externalizar la gestión de sanciones para liberar agentes, también en la compra de tablets para la gestión de expedientes policiales. El contrato para estas últimas fue paralizado tras la visita de la UDEF.
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