«Nunca llevé las cuentas de la farmacia, lo hacían mi marido y mi hermano»

La Fiscalía, en su escrito de acusación, pide para la madre, como presunta autora de los delitos, tres años de prisión; y para cada una de las hijas, dos años y dos meses por cooperadoras necesarias.

Ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, la progenitora declaró ayer que el local de la farmacia era propiedad de su esposo. El matrimonio, explicó, tenía separación de bienes, y desde el año 1995 «hubo un contrato de arrendamiento entre mi marido y yo», precisó. Es decir, ella debía hacer frente al alquiler, aunque, matizó, «yo nunca llevé las cuentas ni hacía los pagos», aseveró. Un argumento que le valió a su defensa para compararlo con el caso Urdangarin y la infanta Cristina:. «¿Es como el tema de la 'princesa' que nunca metió la mano en un papel?», preguntó el letrado a su clienta; «totalmente», «confiaba en él», le respondió.

Su esposo falleció en 2004 y dejó el establecimiento en herencia. Dos tercios del local fueron para las hijas y el tercio restante, para la madre, según Fiscalía. A partir de entonces, el hermano de la viuda comenzó a gestionar el negocio. «Cuando entró él hubo un lapsus por el que no se pagó renta de arrendamiento». A esto, sumó que este familiar inició varias inversiones en África y en varias sociedades que generaron «muchas pérdidas». La farmacéutica reconoció que en 2011 firmó una hipoteca con uno de sus proveedores, Cofas, motivada por las deudas contraídas con la cooperativa de más de un millón de euros. Deuda que se fue incrementando hasta los casi cinco millones.

Admitió que para poder saldar la deuda con su acreedor vendió un piso de su propiedad en la calle Rosal: «Yo quería hacer dinero para poder pagar», aseguró ante la sala.

Su hija, también farmacéutica, coincidió con su madre en señalar a su tío como origen de todos los problemas económicos. La joven explicó que desde que asumió la gestión de la farmacia en 2005 «todo cayó en picado». Por su parte, la otra hija eludió toda responsabilidad porque, declaró, en el momento que sucedieron los hechos «estaba fuera de Asturias», estudiando en Madrid ; si hizo algo fue bajo supervisión de los asesores de la familia, se defendió.

El administrador concursal se llevó «una sorpresa mayúscula» cuando descubrió la existencia del contrato de arrendamiento. La Fiscalía sostuvo que ante la insolvencia del negocio, las procesadas simularon la venta de la parte de la madre a las hijas y la posterior firma de un contrato de arrendamiento para, después, fingir un supuesto impago de rentas que les permitiera a las dos hermanas presentarse como acreedoras legítimas en el procedimiento concursal.